¿Notaría de Fe Pública?

Hace algunos meses, el autor con estupor pudo, después de un seguimiento y una investigación minuciosa personal, después de mucho tiempo, descubrir una firma falsificada en la venta de un terreno. ¡La delincuencia no duerme!

Teóricamente son varias firmas que lleva la venta de un terreno, firmas de la minuta y finalmente ante la respectiva notaría (protocolización); en el caso en estudio, todas están falsificadas.

Revisando las firmas, se observa que fueron calcadas de otros documentos privados y preguntando al supuesto vendedor, éste señala que jamás firmó en ese libro ni otros documentos de venta de ese terreno, es más ni conoce a los compradores, ni testigos ni nunca tuvo contacto con ellos.

Varias preguntas se vienen a la cabeza del autor del presente artículo, ¿serán suficientes las medidas de seguridad en los actos de compra-venta de bienes inmuebles?, uno medita y dice, ¿el uso de solamente las firmas, es buena medida de seguridad?, ¿quién contrata a los notarios?, ¿lo hace el Estado a través de cada gobierno nefasto de turno?, ¿el Estado pone las manos al fuego por los notarios?, ¿si algún notario comete llamémosle, elegantemente, algún error, por no decir otra cosa, quién se hace responsable?, ¿el Estado se hace responsable del daño económico infringido a los damnificados?

Debería llevarse a cabo una total reestructuración de las notarías, ¿la tan bulliciosa y rimbombante “Ley del Notariado” trata sobre esto?

Se debería contratar gente proba para hacerse cargo de las notarías y siquiera deberían dejar una “Boleta de Garantía” de unos 20 mil dólares americanos, por un tiempo digamos de 10 años para cubrir posibles “errores” que se pueda cometer, los cuales pudiesen ser usados para cubrir pérdidas económicas producidas a los damnificados.

En cuanto a los documentos de transferencia, debería estar la infaltable huella digital del vendedor. Una firma puede ser falsificada muy fácilmente (como en el caso que tratamos en el presente artículo), pero una huella digital es más difícil que sea falsificada. ¿Qué medidas de seguridad más se puede implementar?, ¿están los libros de todas las notarías centralizados (copias), aprovechando inclusive la tecnología digital de las computadoras y nuestro tan mentado satélite, para evitar que hojas sean arrancadas de los libros o que los libros puedan desaparecer misteriosamente?

Hace meses pudimos ver una “visita sorpresa” del Ministerio de Justicia de Bolivia a la Fiscalía de La Paz, para observar principalmente la “retardación de Justicia”. La pregunta es ¿por qué este Ministerio, a través de la “Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU)”, no efectúa visitas y auditorías sorpresa a sus notarías y toma contraparte penal y civil en el caso de falsificación de firmas realizada por algunos de sus empleados, como el notario del presente caso?

Para, digamos, los “errores”, ¿qué penas existen?, ¿deberían subirse las penas a por lo menos a unos 15 años de cárcel para todos los involucrados? Para cubrir el daño económico, el Estado debería hacerse responsable, porque en definitiva los notarios son empleados del Estado contratados a través de cada gobierno de turno. ¡Los empleados del Estado y el Estado aunque sea, por vía coercitiva, debería pagar los daños! Valga la pena para pensar también, en la creación de una “Asociación de Víctimas de algunas Notarías”.

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