Una persona honrada tiene probidad, una conducta intachable. Quien actúa con probidad no comete abuso, no miente. Lo contrario a la probidad es la corrupción, que implica desvío de normas morales y leyes.
En una sociedad con probidad no habría corrupción, soberbia, sobornos, etc. Pero la probidad no es una virtud de todos los seres humanos. En ciertas profesiones, la carencia de probidad resulta dañina, ya que da lugar a perjuicios para una gran cantidad de personas. En política, sin probidad hay demagogia, insultos a opositores, amenazas, abuso de poder.
Un juez sin probidad no debería administrar justicia, sus fallos no serían imparciales, ya que pueden estar determinados por sobornos. De esta manera, un juez que no es probo puede condenar a prisión a un inocente o dejar en libertad a un asesino.
Los funcionarios públicos de hecho deben comportarse con probidad. Aceptar coimas para beneficiar a una empresa o impedir que opositores políticos hagan uso de sus derechos, es corrupción, inmoralidad funcionaria. Éstos tendrían que ser despedidos por falta de honradez y probidad y además ser sancionados conforme a disposiciones legales.
La corrupción es pervertir, violar un deber con propósitos deshonestos. Atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de la sociedad.
La corrupción en toda sociedad debilita las instituciones democráticas, ocasionando una distribución desigual de recursos económicos, impidiendo el desarrollo y generando en los ciudadanos desconfianza hacia los funcionarios públicos.
La ética es un elemento básico para eliminar las formas que propician la corrupción. Es importante formar a funcionarios estatales con principios de rectitud, honradez, responsabilidad, probidad, imparcialidad y respeto al bien común, mediante los cuales puedan regirse y rechazar cualquier conducta que se anteponga a la probidad. Es decir que la lucha contra la corrupción no debe ser exclusivamente coercitiva, sino preventiva, de formación y promoción de valores éticos.
Lamentablemente, cada día se presentan hechos de enriquecimiento ilícito en entidades públicas en nuestro país, debido a proyectos sobredimensionados económicamente, licitaciones dirigidas, trabajos otorgados con invitaciones directas. Por ello se conforman círculos cerrados, denominados “roscas”, en torno a los MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), que se valen de sus influencias en los círculos superiores del gobierno y están desesperadamente alentando el prorroguismo porque conviene a sus intereses.
Nuestro objetivo debe ser establecer condiciones para que obren correctamente los servidores públicos y personas vinculadas con actividades financieras y patrimoniales del Estado, a fin de que dichas actuaciones estén enmarcadas en principios de legalidad y valores éticos.
También deben salvaguardar el patrimonio del Estado, previniendo, investigando y sancionando a los servidores públicos que se valgan de sus cargos o influencias para enriquecerse ilícitamente o cometan otros actos de corrupción.
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