Diatriba contra medios y periodistas

Una nueva intervención del Ministro de la Presidencia en una emisora de radio el día 10 de los corrientes, profundiza la campaña oficialista emprendida contra los medios de comunicación, que tienen una “línea editorial independiente”. La prensa y los periodistas son calificados de “cártel de la mentira”, “mafia”, “bufones a sueldo” y que “viven a costilla de la plata del Imperio”, etc., etc.

Este proceder impropio de una alta autoridad se emite sin considerar los valores universales que rodean la actividad informativa y que todo gobierno medianamente democrático tiene el deber de respetar. Estos principios emanan o son estimados en una serie de declaraciones internacionales de los organismos de Derechos Humanos y de libertad de prensa, tales como la libertad de pensamiento, expresión y opinión, cuyos canales naturales son los medios informativos. En el mismo sentido, sin libertad de prensa no hay ni puede haber democracia, al paso que la población tiene derecho a ser informada por diferentes fuentes y corrientes de opinión.

El ministro Juan Ramón Quintana incidió en que la prensa “trata de dañar la credibilidad y el liderazgo de presidente Morales”, valiéndose de mentiras. La Asociación de Periodistas de La Paz reaccionó señalando que el Gobierno acusa pero “sin una sola prueba”, lo que significa “una falta de respeto a las ciudadanas y ciudadanos que trabajan en medios de información” cumpliendo su tarea “con ética y veracidad”. Asimismo desmintió supuestos propósitos de desestabilizar al Gobierno. Estos afanes desembocan en una diatriba contra la prensa y se dirigen a un determinado público que le presta oídos, dentro de un plan de convertir en una especie de mártir al Jefe del Estado y mantener latente una situación de confrontación más aparente que real, destinada a promocionar la iniciativa oficial y distraer a la sociedad. En el turno de supuestos adversarios, al presente los elegidos son los medios, los periodistas y el “imperialismo”.

Por su parte, a fines de agosto pasado la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia se vio precisada a pronunciarse ante instrucciones del Gobierno de suspender la publicidad estatal en los diarios independientes, denunciando “una agresión económica a manera de castigo contra un periodismo” empeñado en buscar la verdad. La ANP explica que dentro de su labor específica no podía eludir referirse a “los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios”, al punto de comprometer recursos y bienes públicos en perjuicio de la ciudadanía. El cometido de esta prohibición abarcaría inclusive a niveles administrativos, gobernaciones y municipios bajo control del Gobierno, según ANP.

Otras fuentes destacan la persecución judicial contra periodistas, la compra de acciones de medios y la presión publicitaria ya referida, mediante el uso de “capitales que nadie sabe de dónde salen…”, sin dejar de considerar que estas acciones han dejado sin trabajo a algunos periodistas, entre los que se cuenta a Amalia Pando, Enrique Salazar y John Arandia, mientras que otros como Humberto Vacaflor son sometidos a procedimientos ajenos a la Ley de Imprenta. En estos planes lo menos que se logra es la autocensura ante las amenazas a los colegas de prensa y la persecución a toda forma de fiscalización y oposición.