Relación de países activa controversia por Malvinas

Buenos Aires.- El “nuevo clima” que Argentina y Reino Unido buscan en su relación tras la reciente visita a Buenos Aires del ministro de Estado británico para Europa y América, Alan Duncan, avivó la controversia en la nación sudamericana por el diálogo entre ambos Estados sobre el tema de las Malvinas.

“El reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas es un reclamo permanente y no negociable que tenemos todos los argentinos”, expresó ayer el presidente Mauricio Macri en declaraciones a la prensa en Nueva York, donde se encuentra para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas.

SOBERANÍA

Las declaraciones de Macri vienen precedidas de voces críticas, desde la oposición y desde sectores del oficialismo, que aseguran que el Gobierno está incumpliendo el mandato constitucional de ratificar una soberanía que Argentina reclama desde 1833 y que fue eje de una guerra en 1982 que se saldó a favor de los británicos.

La polémica se remonta al pasado martes, luego que un comunicado conjunto entre Argentina y Reino Unido plasmara los frutos de la visita de Duncan a Buenos Aires, a donde llegó para participar en un foro de inversiones y también mantuvo encuentros con autoridades del Ejecutivo.

Los dos Gobiernos acordaron en el texto, además de “poner énfasis en la agenda positiva” común para “estrechar aún más los vínculos bilaterales; establecer un “diálogo” para “mejorar la cooperación” en todos los asuntos “de interés recíproco” del Atlántico Sur, donde se ubican las Malvinas.

CRÍTICAS DE VETERANOS

En el comunicado, si bien se hacía referencia a la intención de “remover” obstáculos que “limitan” el crecimiento y desarrollo sustentable de las Malvinas -incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos-, así como el establecimiento de dos escalas aéreas adicionales mensuales en territorio continental argentino, no se ahondaba en el asunto de la soberanía.

Esto es lo que desencadenó una serie críticas, entre ellas las de veteranos de guerra argentinos.

“Hay una solución para todo esto, que es cumplir con lo que dice la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que insta a las partes a dialogar sobre el tema soberanía”, indicó ayer a Efe Mario Volpe, excombatiente del conflicto argentino-británico.

La oposición, encabezada por el bloque de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria, presentó ayer un proyecto de resolución para rechazar “en todos sus términos” esa “declaración conjunta” y solicitó al Gobierno que remita al Congreso “con carácter urgente” todas sus actuaciones al respecto desde su asunción.

“Lo que hizo el Gobierno es un comunicado, ni siquiera un acuerdo, no es un tratado”, remarcó el presidente provisional del Senado argentino, el oficialista Federico Pinedo, quien rechazó que esa declaración sea un acuerdo que afecte al histórico reclamo por la soberanía.

RECHAZO OFICIALISTA

Los reproches dentro del oficialismo vinieron principalmente por parte de la Coalición Cívica, partido que integra el gobernante frente Cambiemos y que cuestionó el texto, calificándolo de “lesivo para la soberanía argentina”.

En medio de la polémica, el Ejecutivo emitió el pasado sábado un comunicado en el que confió en que el “nuevo clima” que se “busca crear” con Reino Unido permita iniciar “conversaciones” para “resolver la disputa” de la soberanía de las islas.

En ese segundo texto, el Gobierno subrayó que la declaración bilateral del pasado 13 de septiembre reflejó “la voluntad política de las partes de reiniciar un diálogo sobre todos los temas del Atlántico Sur, sin exclusiones y bajo la fórmula del paraguas de soberanía acordada en 1989”.

Bruno Tondini, experto del Centro Argentino de Estudios Internacionales, explicó a Efe que lo que se está viendo es “un cambio en la estrategia política” de la actual Administración con relación a la del kirchnerismo (2003-2015), pero que no invalida “el constante reclamo” que Argentina realiza sobre la soberanía, “que es un proyecto constitucional”.

Tondini remarcó que quien establece los lineamientos de la política exterior del país “es el Congreso, no un presidente o una Administración”, por lo que cualquier acuerdo en firme con Reino Unido debería ser sometido “desde un inicio” al Parlamento. (EFE)