Más de 10 personas permanecen detenidas por caso de loteamiento

Madres de familia, adjudicatarias de la urbanización 14 de Septiembre, sector Puchucollo, denunciaron ayer que 13 de sus vecinos continúan detenidos por una presunta implicancia en el caso de loteamiento de viviendas.

“Nosotros tenemos folio individual, planimetría, personería jurídica y estamos legalmente constituidos. El municipio de Laja nos entrega la planimetría el 2007, existen los planos de ubicación incluso ubicados por el propio municipio, pero los avasalladores son quienes han generado una serie de agresiones en contra de los adjudicatarios, logrando realizar la detención de ellos en la Felcc”, indicó Guillermina Mayta, en representación de los adjudicatarios.

Las madres de familia y mujeres que viven en el sector, lamentan que funcionarios policiales de la Felcc no hayan protegido los dos vehículos que fueron decomisados y trasladados a dicha dependencia, cuando, en su interior, se portaba dinamita, agentes químicos y armas de fuego, llegando a desaparecer los dos motorizados.

En la actualidad, cerca de 800 lotes se encuentran en riesgo, razón por la que los adjudicatarios de la urbanización 14 de Septiembre determinaron declararse en estado de emergencia ante los constantes hechos de violencia generados, presuntamente, por las familias Quispe y Gutiérrez.

“En mi caso, compré el lote de David Blanco el 2013, año en la que no existía ningún problema. Llegamos a hacer construcciones y luego se presentaron para molestar desde ese mismo año. Mientras que las dos familias identificadas como responsables de esa irregularidad reclaman los 800 lotes, amparados solo con un título ejecutorial del INRA a nombre de una persona fallecida”, explicó Martha Mamani.

Los adjudicatarios denuncian que los grupos de avasalladores, constantemente ocasionan una serie de hechos que vulneran no solo la propiedad privada, sino los derechos humanos de las familias, de menores y ancianos, quienes deben enfrentar desde hace tres años constantes hechos de violencia.

“Pese a las constantes denuncias realizadas a la Policía, dicha instancia no responde al clamor de las víctimas. En cada manzano han picado desde abajo y como naipes han caído las paredes. Pese a que hemos implorado, para sacar nuestros animales o nuestras cosas, ya en la tarde, un grupo de gente encapuchada gritaba que eran las tierras que el presidente les entregó y los funcionarios policiales dieron a conocer que ellos no podían hacer nada, que ese sector estaba en conflicto y debía ser resuelto mediante la instancia judicial”, concluyó Juana Vega, una de las víctimas de dicha toma.