Moral y ley condenan la violencia de género

El maltrato, las violaciones, las heridas con armas cortantes que, muchas veces terminan en homicidios contra las mujeres, al margen de violaciones, son continuas en el país y así establecen informes que en el primer semestre de este año se han producido 31 muertes de mujeres que luego de ser vejadas, maltratadas y violadas han sido asesinadas. Jueces y fiscales se hallan impotentes ante la ola de delincuentes que violan, maltratan y asesinan a mujeres; juzgados y policías hacen muy poco y, en casos, absolutamente nada para evitar estos extremos que conmueven a la colectividad nacional y la preocupan porque no hay policía ni tribunales de justicia que ponga freno a cobardes que cometen violencias contra las mujeres.

Hace pocos días (EL DIARIO 10/09/16) se publicó una extensa información sobre la inmunidad e impunidad en que quedan muchos delitos contra mujeres: los jueces y fiscales hacen poco o nada porque no cuentan con la cooperación de los cuadros policiales; las fiscales (todas mujeres por tratarse casos de mujeres abusadas o asesinadas) -con muy contadas excepciones- parece que “consideran un pecado, una ofensa pedir a una fiscal que acelere la imputación; recordarle que en el caso de violación de menores la ley 348 establece un plazo de ocho días y responden que con el Código Penal el plazo se amplía a 60 días… el artículo 94 de la 348 está de adorno”. Esta revelación muestra cómo una ley que determina días para la imputación de los culpables no concuasa con el Código Penal que, prácticamente, otorga inmunidad e impunidad a quienes cometen los delitos de violencia de género.

Hay profesionales de la abogacía, mujeres especialmente, que aconsejan el aprendizaje de artes marciales como medio de defensa contra abusadores y violadores, contra quienes cometen abusos y todo tipo de delitos contra mujeres haciendo gala de un machismo que no poseen porque cuando cometen los delitos por los que son denunciados y merecen sanciones muy severas, lo único que hacen es demostrar cobardía, insania e inmoralidad que llega al crimen.

Muchas autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo y del mismo Poder Judicial, -al margen de declaraciones rimbombantes de muchos policías- han señalado el propósito de “aplicar sanciones drásticas contra delincuentes”; pero, llegado el caso, “hacen la vista gorda” y los delitos quedan en la impunidad. El gobierno, conjuntamente los otros dos poderes, debería adoptar políticas muy drásticas contra el abuso o maltrato contra mujeres; deben entender que ellos tienen -o tuvieron- una madre, una esposa, hijas, hermanas a quienes no querrían ver en manos de asesinos y violadores que, si caen en poder de la policía son devueltos al teatro de sus crímenes pasados pocos días. Las experiencias ocurridas en muchos años muestran que violadores de derechos se acogieron al descuido, negligencia, indiferencia de policías, jueces y fiscales que han permitido muchos delitos sin juicio alguno y sin siquiera haber sido imputados no obstante las pruebas presentadas por las víctimas y sus familiares.