“Falla institucional” perjudicó a beneficiarios del exFondo Indígena

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, afirmó que una “falla institucional” en la administración del exFondo Indígena, perjudicó a los beneficiarios y se debe evaluar la situación sobre los 300 proyectos que solo recibieron un primer desembolso, pero ya fenecieron.

Sin dar datos precisos sobre cuáles fueron las conclusiones del informe entregado en agosto, por Larisa Fuentes, respecto de la etapa de liquidación del ex Fondo Indígena, Cocarico, manifestó que en otro aspecto, se está verificando la documentación respecto de más de 200 los proyectos que deben ser concluidos porque aún se mantienen vigentes.

“Puedo ser inexacto si en este momento me refiero a números. Pero es evidente que se ha establecido que hay proyectos que están para cierre, es decir que se han terminado de forma adecuada (…) Son más de 214 proyectos que tienen convenios vigentes, por tanto tendrían que financiarse, de acuerdo a las condiciones necesarias”, manifestó.

Pero otro grupo, de cerca de 300 proyectos que fueron presentados por comunidades y sectores originarios campesinos, y contaron con un primer desembolso financiado desde el Fondo Indígena, están siendo evaluados.

“Son contratos ya fenecidos, y tienen que ser evaluados, porque los compañeros (beneficiarios), han presentado los descargos. Sin embargo, dirección del Fondo Indígena, los técnicos, nunca han tenido la predisposición de revisar si esos descargos estaban correctos o tenían fallas. Es una falla institucional”, aseveró.

Reconociendo este aspecto, Cocarico afirmó que los beneficiarios fueron perjudicados y no son los responsables de malos manejos, por lo que se debe buscar la continuidad de ejecución de los proyectos, pero antes debe establecerse cuantos son los proyectos que cumplieron con los requisitos.

También señaló que hasta el momento, según el informe de la liquidadora, se han recuperado 20 millones de bolivianos, de los 71 millones que reportó como daño económico la Contraloría, en febrero del año pasado, y los costos asumidos para el proceso de liquidación de este ente, es de otros cuatro millones de bolivianos.

Por último, puntualizó que hay 153 proyectos que siguen bajo investigación en la Fiscalía, 214 que deben continuar porque sus convenios siguen vigentes y otros 300 de los que se está evaluando los descargos para ver si se autoriza su continuidad.