No a la impunidad

El pueblo colombiano votó el pasado domingo contra el pacto del Gobierno con las FARC. El practicismo, que está de moda hasta en la política, está induciendo a que haya medios y opiniones contrarios al resultado de esa consulta. Empero, lo que siempre debe quedar como pensamiento de fondo, como si hubieran sido inscritos a fuego, es que no debe transigirse contra la violencia, porque es dar paso a la impunidad, una y otra vez, al paso que van los acontecimientos internacionales.

El pueblo culto de Colombia desestimó dicho acuerdo espurio porque, de lo contrario, era votar por la impunidad. Si las FARC están dispuestas a deponer las armas, irregularmente asumidas y que han costado miles de vidas, por tanto mucho más pueden hacer voluntaria y sinceramente, por el luto de los familiares de las víctimas. Pues es un sarcasmo que para ese efecto exijan ventajas oficiales como contraparte.

Pero, una vez más, como perdonando vidas, formulan exigencias para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos les conceda lo que ellos pretenden, lo que es una aberración. Es, por ejemplo, inexplicable que entre las exigencias que plantearon al gobierno de Santos, también se les conceda 24 escaños parlamentarios, entre otras de sus desmedidas pretensiones.

Sin embargo, mueve a formular un interrogante. El pueblo colombiano cuando acude a las urnas para constituir sus cámaras legislativas vota por voluntad propia o está condicionada a que el gobierno disponga de una parte de ellas y puede, por tanto, disponerlas según su mejor parecer. Esta es la impresión que emerge de que el Gobierno colombiano se comprometa a entregar a las FARC 12 diputaciones y otras tantas senaturías. ¿En qué se queda? ¿El Gobierno por lo menos dispone a su arbitrario de una cantidad de bancas parlamentarias? Si no es así, ¿con qué seguridad puede comprometerse a entregar 24 escaños parlamentarios a las FARC?, firmando nada menos que para ello un convenio escrito con quienes durante 52 años desconocieron toda legalidad y legitimidad de derechos.

Todo país, organización política, social y persona individual propicia la paz, pero ella tiene que imperar por voluntad de todas las partes y no por compromisos políticos, porque, entonces, es ya una imposición y cuando esto sucede es una impostura.

Colombia es una de las naciones latinoamericanas donde imperó la democracia y, por consiguiente, la libertad. Con la presencia de las FARC, desde hace 52 años, con el argumento de constituirse como un “grupo de defensa ante la violencia gubernamental”, en los hechos sucedió lo contrario.

Los estudios internacionales consideran a las FARC como responsables del 37% de los más de 40.000 secuestros que se produjeron en Colombia entre 1970-2010. También se atribuye a las FARC haberse integrado al narcotráfico, actividad ilícita con miles de víctimas y excesos por ambas partes del conflicto, esto es las milicias de las FARC y las fuerzas policiales y militares del Estado de Colombia.

De parte de los hechos irregulares que se han producido en medio siglo en Colombia se responsabiliza a las FARC, por haber sido las promotoras y/o autoras.

En cuanto al “convenio de paz” rechazado por el electorado colombiano, la diferencia en la votación fue reducida, pero el 60% no acudió a las urnas, lo que permite interpretar que fue, pues, el gran pueblo de ese país que no aceptó la “paz” impuesta otra vez por las FARC, porque si exige concesiones para suscribir el convenio, implica que no estaría volviendo a la paz gratuita, sino obteniendo una serie de ventajas, imponiendo, implícitamente, sus conveniencias y no por una decisión limpia de restablecer la paz en su país.

O sea que era una “paz” conseguida a su gusto y conveniencias.