Ofensiva contra medios y periodistas

En estos días diversos hechos han empeorado las relaciones -acaso más malas que buenas- entre el oficialismo y los medios de comunicación. Destaca negativamente la comparecencia del periodista Humberto Vacaflor, Premio Libertad 2016, a la justicia ordinaria, acusado de difamación por el primer mandatario. El juez lo conminó a retractarse y Vacaflor no tuvo más remedio que hacerlo, pero el causídico no considera suficiente la forma de dicha retractación. Sin embargo, el presidente Evo Morales dijo haber dado por terminado el incidente.

El caso de Amalia Pando y Roxana Lizárraga acerca de una alusión radial de tipo íntimo a la ministra de Salud Ariana Campero, ha sido mejor conducido a través del Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas, organismo que les instruyó invitar a la aludida al mismo medio para que pueda recibir las satisfacciones que fueran pertinentes. La ministra aún duda sobre su asistencia y al parecer se inclina por someter a la justicia ordinaria a las supuestas detractoras.

El antecedente del primer caso sería el acicate para que la presuntamente agraviada haga derivación a un juzgado penal. Empero, el atropello a la Ley de Imprenta por la jurisdicción penal constituye un atentado que no puede repetirse porque significa la aplicación de una ley general, el Código Penal, por encima de una ley especial que es la Ley de Imprenta, como hizo notar puntualmente la Asociación Nacional de la Prensa. Además es un principio jurídico que una resolución contraria a la ley o contra derecho no crea jurisprudencia.

Estos dos hechos de arrepentimiento han motivado el regocijo del Gobierno. El Vicepresidente del Estado lo ha celebrado como un “triunfo” sobre la “mentira”. Amalia Pando, por su parte, considera que las actitudes del oficialismo contra medios y periodistas independientes no solo persiguen la retractación sino la “humillación” de éstos.

No hay duda de un plan en ejecución frente a la práctica independiente del periodismo. En ese sentido, el ministro de la Presidencia, J. Ramón Quintana, hubiera instruido la elaboración de un documental contra el “cártel de la mentira”, según se informa a cargo de los radialistas argentinos de Abya Yala, Andrés Salari y Mariano Vásquez. Éstos invitaron a una serie de sus colegas bolivianos involucrados a entrevistas en su espacio radial. Algunos aceptaron concurrir y otros lo negaron de plano. Los medios sindicados como mentirosos y caracterizados opositores son Página Siete, El Deber, ANF, Radio Compañera y otros.

A lo anterior se suma la edición y profusa distribución de una separata de lujo denominada “Cártel de la Mentira”, editada por el Ministerio de la Presidencia. Quiere decir que el sistema propagandístico del Gobierno se halla a cargo tanto del Ministerio de Comunicación cuanto del de la Presidencia. En este caso se supone y es obvio que su función no debería requerir gasto económico al Estado. Ninguna autoridad quiso mencionar el costo de la edición ni del documental. Se ha replicado con toda razón que estas erogaciones de política depreciada deben correr a cargo del partido oficial o con recursos propios de los ministros interesados.