A partir del 31 de enero de 2004, el parque automotor del país se llenó de motorizados que ya habían cumplido su tiempo de vida útil, en esa fecha se aprobó el Decreto Supremo 27.341, a través del cual se autorizó el ingreso de vehículos automotores antiguos, previo cumplimiento de condiciones técnicas y medioambientales. Norma que reemplazó al DS 25.870 de 11 de agosto de 2000, que prohibía el ingreso de vehículos automotores usados o a medio uso a nuestro país.
A partir entonces comenzó una escalada en la internación de motorizados que ya habían cumplido su vida útil, llegando a su punto más alto en 2008 con un 22% de crecimiento. Así, el parque vehicular tuvo un crecimiento de casi ocho veces.
Esa fue una época funesta para la calidad del aire en las ciudades de Bolivia, porque comenzamos a llenarnos de vehículos usados que en otros países los consideraban como “chatarra”.
De acuerdo con el informe del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), a junio de este año se tiene 1.633.211 vehículos en todo el país; el mismo también revela que los vehículos anteriores a 1970 representan un 1,2%; los vehículos en el rango 1971-1980 ocupan un 5,1%; los modelos en el rango 1981 a 1990 ocupan el 15,7%; los anteriores a 1990 si bien siguen vigentes, cada vez son menos; el 32,4% de los vehículos se encuentra en los rangos de los modelos 1991 a 2000; el 19,5% de vehículos en los rangos de los modelos del 2001 al 2010 y el 26% restante del 2011 para adelante.
Por lo que observa, el parque automotor obsoleto aún se debe básicamente a la gran cantidad de vehículos “transformers” que en su momento han ingresado al país.
En los últimos días se registraron varios hechos de tránsito, cuyos protagonistas fueron conductores de vehículos fabricados entre 1960 y 1980, que de acuerdo con el informe del RUAT representan el 20,1% que equivale aproximadamente a 328.275 vehículos en todo el país, que según el criterio de los propietarios los mismos se encuentran “reacondicionados y en buenas condiciones de funcionamiento”.
Es necesario recordar que el parque automotor obsoleto en Bolivia, junto al exceso de velocidad, la conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, la falta de uso del cinturón de seguridad y la falta de uso del casco de protección en motociclistas, se constituye en uno de los principales riesgos en seguridad vial, que adicionalmente es el causante del 90% de la contaminación ambiental, un índice que está por encima de la media de América Latina, ya que en otros países la contaminación por carburantes genera el 70% de la contaminación ambiental.
Entonces surge el interrogante: ¿Qué hacemos con estos vehículos que son considerados obsoletos?
Según expertos, el parámetro adecuado que se debería adoptar es considerar antiguos a todos aquellos vehículos con antigüedad mayor a cinco años.
Pero nos preguntamos ¿cómo podemos aplicar este criterio?, cuando en nuestro medio existe la aplicación de tasas impositivas elevadas para vehículos modernos que promueven la tenencia y el uso de vehículos antiguos a diferencia de otros países, donde los automotores que no cumplen con la conservación del medio ambiente son considerados obsoletos y directamente dados de baja. En Bolivia no hay control alguno y menos normativa que regule aquello.
Un ejemplo de lo aseverado es que un automóvil fabricado en el año 1991 paga un impuesto anual de Bs. 400 mientras que un automóvil de características similares fabricado en el año 2012 paga un impuesto de Bs. 1.400, entonces por un principio de economía y ahorro, el ciudadano se ve obligado a tener un vehículo “obsoleto”, es decir un riesgo permanente para la producción de hechos de tránsito y un elemento contaminante para el medio ambiente. Este análisis explica por qué tenemos un parque automotor obsoleto.
Estos aspectos deben ser analizados y valorados por los Gobiernos Municipales, pues el crecimiento del parque automotor, entre 2005 y 2015, como señalan los indicadores, ha tenido un crecimiento sostenido del 10% anual, incluso superior al crecimiento del PIB que en los últimos diez años fue del 5%.
El autor es docente UNIPOL.
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