Corrupción en Brasil

Tribunal Supremo investigará a Da Silva por caso Petrobras



El expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva sale luego de votar, el domingo, durante la jornada de elecciones municipales, en Sao Paulo (Brasil).

Brasilia.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva será investigado por el Supremo Tribunal de Brasil, que ayer determinó la división en cuatro partes de la principal investigación sobre Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia del país.

En total serán investigadas 66 personas vinculadas a tres formaciones: el Partido Progresista (PP), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Michel Temer, y el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula.

La investigación del PMDB fue desmembrada en dos núcleos: uno que analizará la actuación del partido en la Cámara de los Diputados y otro que indagará la articulación de algunos de los políticos de esta formación en el Senado.

Además de Lula, quien por primera vez será investigado por el Supremo por supuesta participación en una organización criminal, la investigación también incluye a importantes líderes del gobernante PMDB, entre ellos el presidente del Senado, Renan Calheiros.

El magistrado Teori Zavascki aceptó la petición realizada por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien había solicitado la división de la investigación central para tener un “mayor control y percepción de la realidad criminal”.

La máxima corte del país indagará a Lula junto a otras 65 personas por su supuesta participación en la organización criminal que operó en la petrolera estatal, de la que se desviaron millones de dólares entre 2004 y 2014.

“Algunos miembros de determinados gremios se organizaron internamente, valiéndose de sus partidos y con una estructura jerarquizada, para cometer prácticas espurias”, indica el procurador en su solicitud.

De acuerdo con Janot, miembros del PP, PMDB y PT utilizaron indebidamente sus siglas y colocaron a “determinadas personas” en puesto clave del ente público, lo que permitió la “manutención e implementación del proyecto criminal”. (EFE)

 
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