Corrupción en la justicia boliviana ¿comienza en la universidad?

“Busca al Lucho”. Según denuncias de estudiantes, “Lucho” era el hombre de la película. El toque mágico de su varita forrada, esta vez con 500 dólares, agilizaba el andamiaje de la carrera de Derecho de la UMSS y aceleraba el trámite para rendir exámenes de grado: “lo capturaron in fraganti el pasado 21 de septiembre cuando cobraba 500 dólares a una mujer por agilizar un examen de grado.”

Otro pase mágico, y aparecían jurados complacientes, dispuestos a aprobar a quien no necesitaba estudiar si podía pagar. “Y todos saben que a través de Lucho se podía acelerar el proceso y garantizar la aprobación”.

“Lucho” además podía entregar “el bolillo del tema”, a elección del examinado, para que sepa las respuestas, aunque probablemente esto no importaba, tal vez los jurados no se interesaban en la exposición, sino en contar los dólares y parece que estaban apurados por gastarlos, al extremo que: “Algunos exámenes son un chiste, porque no se llega a la cuarta parte de las preguntas y el postulante ya tiene la aprobación”.

En Bolivia se habla mucho de la corrupción entre los administradores de justicia, en la que no solo hay “Luchos”, pueden llamarse “Marco Antonio”, “Patricia”, “Milton”, “Sandra” o lo que sea. Pueden ser fiscales, abogados, jueces, vocales, secretarios, o cumplir cualquier otra función, no importa, solo es necesario que tengan la misma baja calidad moral del “Lucho”.

Lamentablemente se hace poco para, si no acabar con esta lacra, al menos disminuir su incidencia. Y es que algunos comienzan en la universidad, al menos por ahora, en una de ellas, de las demás no sabemos. Es una pena que antes de ser abogados ya estén en contubernio.

Es difícil que “Lucho” haya tenido tanto poder para hacer solo todo lo que se dice que podía. Era necesaria la participación de personas con capacidad de decisión, es decir autoridades. Por lo tanto es urgente una profunda investigación que determine las responsabilidades. De comprobarse la certeza de lo denunciado, y nada hace pensar que no sea así, debemos concluir que una parte de los administradores de justicia no están calificados moralmente para ejercer esa función, que está penetrada por la corrupción. Los profesionales favorecidos muestran la deficiente calidad de la educación que se imparte en algunos centros académicos, y de la inmoralidad y falta de ética en ciertos sectores de nuestra sociedad, con ejemplos así ¿podemos confiar en la justicia?

Considerando esto cabe una angustiosa pregunta: ¿Cuántos inocentes estarán purgando penas injustamente aplicadas, por culpa de fiscales, jueces y burócratas corruptos?

Es urgente la adopción de medidas radicales para combatir estos hechos, no solo las auditorías que exigen estudiantes, sino otras que permitan evitar su repetición, se puede, por ejemplo, instituir la denuncia anónima, y de este modo identificar a los infectos y preservar a los honorables.