Crímenes de lesa humanidad frenan desarrollo democrático

El representante de la “Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano”, Julio Rojas, organización más conocida como “víctimas de las dictaduras”, afirmó que la democracia en Bolivia no goza de un desarrollo pleno, porque hasta el momento no se resuelven los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 13 años con la muerte de bolivianos en medio de conflictos sociales.

En entrevista con EL DIARIO, puso como ejemplo las guerras del agua y del gas, la represión de Chaparina, la masacre del Porvenir, la quema de la Alcaldía de El Alto, además del conflicto de los cooperativistas mineros y el Gobierno central, que tuvo como consecuencia la muerte de varios bolivianos.

VIGILIA PERMANENTE

Son cuatro años y siete meses que un grupo de esta organización de víctimas de las dictaduras instaló una vigilia frente al Ministerio de Justicia, en pleno Paseo de El Prado, de esta capital.

“Son alrededor de 1670 días que estas personas permanecen en el lugar a vista y paciencia de los ministros de justicia que fueron designados por el presidente Evo Morales y sin atención a sus demandas. Varios fallecieron.

En ese contexto, el Decano de la Prensa Nacional pidió al representante su evaluación por los 34 años de democracia, misma que fue conquistada por la lucha de estas personas.

Ramos expresó su indignación por las muertes que se dieron en los últimos 13 años, a las que consideró crímenes de lesa humidad y que ponen en riesgo al sistema democrático.

En ese marco, aseguró que no se puede desarrollar una democracia plena cuando en los Gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalistas Revolucionario (MNR), y del presidente actual, Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), se cometieron crímenes de lesa humanidad.

DEMOCRACIA

“Pienso que es una falta grave a la democracia que sucedan crímenes de lesa humanidad en gobiernos constitucionales, porque están defraudando la confianza recibida de la población mediante el voto democrático”, manifestó Rojas.

En su criterio, debe respetarse las luchas de los sectores sociales, porque sus protestas son en defensa de sus derechos. Puso como ejemplo a la “Guerra del agua”, en Cochabamba, (2001) cuando Manfred Reyes Villa era alcalde de esa ciudad. Los movilizados pedían el acceso al servicio considerado como un derecho humano.

GUERRA DEL GAS

Otro caso que recordó Rojas fue la masacre de “Octubre negro”, en el gobierno de Sánchez de Lozada, donde dijo que murieron más de 60 personas en la movilización que exigía la salida del gobernante emenerrista.

La movilización iniciada en un principio por la defensa de los recursos naturales y el rechazo de la intención de vender gas a Chile, fue rebasada por la población de distintos estratos sociales que, después de los asesinatos de ciudadanos alteños y de una paralización total de actividades en las ciudades de La Paz y El Alto, coincidieron en exigir la renuncia de Sánchez de Lozada.

Hasta la fecha, este hecho considerado por Rojas como un crimen de lesa humanidad cometido por el Presidente de ese entonces, no tienen sentencia.

Sobre los otros hechos donde también hubo muertes como la represión de Chaparina, la masacre del Porvenir, la quema de la Alcaldía de El Alto y el conflicto entre los cooperativistas y el Gobierno, pidió que se castigue a los responsables.

CUMPLIMIENTO DE LEY

“En medio de todos esos conflictos están las víctimas de las dictaduras como seres invisibles para el Gobierno, pero presentes para la sociedad”. Lo único que exigen, según Rojas, es el cumplimiento de la Ley Nº 2640 que, en su artículo 2, pide el resarcimiento de los daños ocasionados por la violencia política de los gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular. Esta solicitud comprende el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Además, el dirigente exigió el cumplimiento del artículo 6 de la norma, en la que se establecen los siguientes derechos y beneficios en favor de las víctimas de la violencia política:

Atención médica gratuita a las víctimas de la violencia política que no tengan seguro de salud gozarán del derecho a recibir gratuitamente atención médica de emergencia, quirúrgica, salud mental y rehabilitación, mediante la Caja Nacional de Salud (CNS) y los medicamentos serán otorgados sin costo.

“Lo que el Gobierno tiene que hacer es cumplir las disposiciones de las ONU, que indica que debe repararse el daño causado a las víctimas de las dictaduras, y también la creación la ley de la “comisión de la verdad” para establecer responsabilidades por las muertes causadas”, insistió Rojas.