Muchas veces, especialmente por razones político-partidistas, el gobierno ha hecho ostentación sobre las tasas de crecimiento de la economía nacional. A mediados del pasado mes (EL DIARIO 15/09/16) y contrariamente a lo que siempre se afirmó, el Ministro de Economía sostuvo que el crecimiento no será el previsto y que las previsiones llegarían como máximo al 4,8%. De todos modos, sostuvo: “Igual vamos a ser la economía de más alto crecimiento en la región, vamos a ratificar que no es coincidencia que Bolivia está muy bien”.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fija una expansión de tan solo el 4,5%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) -siempre más realista en sus apreciaciones- sostiene que el crecimiento será del 3,7%. Hay que convenir que los organismos internacionales determinan crecimiento o decrecimiento económico con base en cálculos extractados de organismos oficiales; si se atuvieran a datos más precisos tomados en diferentes fuentes, seguramente que esos cálculos variarían notoriamente.
La creencia de que nuestro crecimiento llegue al 4,8% que sostiene el gobierno o la que indica la CEPAL o el mismo FMI muestran que no habría decrecimiento económico y, por el contrario, se mantendría cálculos optimistas sobre la economía nacional aun teniendo en cuenta la baja producción y cada vez menores exportaciones que tiene el país.
Sean los que fueren los parámetros, incluidos los posibles que emita el Instituto Nacional de Estadística (INE) -que no siempre merecen la confianza de la colectividad-, los índices indicados no permitirían que se pague el doble aguinaldo que ha prometido el gobierno, especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de la actividad privada ha sostenido la imposibilidad material de cumplir con esa obligación que, en casos, obligaría al cierre de muchas empresas que se encuentran en serias dificultades.
El gobierno, en base y atención a sus propios cálculos y previsiones, tendría que ser realista y actuar conforme a las reales disponibilidades del país que, en todo caso, no son las mismas que posee el régimen que normalmente, ante situaciones álgidas o de crisis o carencia de liquidez, recurre a préstamos o carga sus excesos al déficit fiscal. En cambio, la actividad productiva del país no es la misma y si tiene que recurrir a préstamos en la banca privada nacional con altos intereses, lo hace bajo el riesgo de complotar contra la seguridad de sus propias actividades de producción.
Por todo lado se ve, pues, que es improbable un crecimiento ideal en nuestra economía y es el gobierno el que debería adoptar medidas de austeridad para el futuro, empezando por no cancelar el segundo aguinaldo que, de ser efectivo, tendrá gravísimas consecuencias. Un sentido de previsión y responsabilidad obliga a actuar conforme a las posibilidades marginadas de utopías o cálculos fantasiosos.
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