Solicitan a Romero informe oral por emboscada a policías

La diputada de oposición, Lourdes Millares, informó que se solicitará una petición de informe oral al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la emboscada de campesinos a los policías de la Fuerza de tarea Conjunta en la localidad de Toquibombo, ubicado entre los límites de La Paz y Cochabamba.

La autoridad deberá precisar también la cantidad de hectáreas que existen en el país y también deberá presentar un plan.

De acuerdo a la parlamentaria, Romero no solamente debe informar sobre la cantidad de efectivos policiales que fueron emboscados en las pasadas horas, sino que debe referirse también a un plan de acción de control del territorio nacional que debe ser asumido desde el Gobierno.

“Vamos a hacer primero la petición de informe escrito y después vamos a convocar (…) Hoy día no hemos lamentado la pérdida de ningún efectivo policial, pero el hecho que los efectivos policiales hayan tenido que lanzarse a un río, que hayan tenido que despojarse de sus equipos y que hayan sido perseguidos por estas personas que cultivan la hoja de coca es gravísimos y no podemos permitir”, declaró Millares.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Luego que el Defensor del Pueblo, David Tezanos diera su informe en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde señaló a la Policía como responsable de los hechos violentos del conflicto de los cooperativistas, surgieron varias repercusiones entre los parlamentarios oficialistas.

Según información de ANF, el diputado Édgar Montaño (MAS) criticó el informe del Defensor porque tendría contradicciones, de ese modo, advirtió a Tezanos prepararse para una interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Vemos que lleva informaciones y suposiciones que no podrá corroborar ni probar. Que se vaya preparando porque nosotros lo vamos a interpelar. Estamos haciendo las preguntas. (Tiene que ser) interpelación porque así dice la Constitución”, dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Choque, orientó sus acciones de fiscalización hacia el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y al ministro de Gobierno, y anuncio peticiones de informe oral para ambos.