Llanos pide activar indultos con decreto presidencial

El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos presentó al presidente Evo Morales el anteproyecto de Decreto Presidencial de Concesión de Indulto General y Particular a favor de las personas más vulnerables que se hallan en cárceles del país, con el objetivo de generar una reacción positiva entre quienes puedan acceder a este beneficio de libertad o reducción de condenas.

La carta que acompaña el anteproyecto fue entregada al Jefe de Estado esta semana y especifica ser “un quinto y definitivo indulto para que en las cárceles los débiles, los humildes y empobrecidos, no se pierdan por las drogas, el alcohol, la corrupción y la falta de rehabilitación, y como personas se rediman ante la sociedad, bajando la inseguridad ciudadana”.

Llanos, en entrevista con un medio digital, recuerda que como promotor de la figura del indulto en Bolivia vio que pueden realizarse algunas mejoras y agregar condiciones en este nuevo decreto que el Ejecutivo tendría que aprobar.

El panorama de los anteriores cuatro indultos refleja que de 5 mil beneficiados, al menos 4.500 correspondieron a detenidos por narcotráfico, algo que no va con el espíritu de la norma para beneficiar a los más desprotegidos o vulnerables.

BENEFICIARIOS

En este caso, Llanos plantea que el indulto beneficie a quienes ya cumplieron el mínimo de su condena. “Estamos planteando como novedades, además que salgan menores, ancianos y personas con enfermedades terminales, ahora estamos incluyendo a aquellos que ya pasaron su mínimo penal en cárceles, es decir, quienes ya pasaron, por ejemplo, sus cinco años como detenidos preventivos, y el juez debía darles tres, esas personas ya deberían estar fuera de las cárceles y también en el mínimo penal de dos a seis años”.

Los extranjeros también pueden acogerse al indulto, explica Llanos, siempre y cuando expresen voluntariamente su deseo de salir del país sin retorno, al menos por diez años, situación que tendría que ser coordinada con Migración.

El tema de género también es abarcado en la iniciativa, para tomar en cuenta las atenuantes de las mujeres que fueron encarceladas por asesinato de sus parejas como consecuencia de la violencia ejercida por los hombres durante años contra ellas.

El indulto abriría, asimismo, un beneficio general con la reducción de penas a todos los internos en dos años, esto con el fin de que los privados de libertad asuman conciencia que pueden salir antes, pero cumpliendo con la buena conducta y otras características positivas de rehabilitación que serían evaluadas por el Consejo Penitenciario.

CONSEJO PENITENCIARIO

El Consejo Penitenciario está conformado por cinco personas: un psicólogo, un médico, un trabajador social, un educador y el director del centro carcelario. “Ellos evalúan a diario el comportamiento de las personas privadas de libertad y determinan que estas personas no sigan dañando a la sociedad”, cita el abogado y docente universitario.

EXCEPCIONES

Como toda norma, el proyecto presenta excepciones, pues no podrán acogerse al indulto quienes cometieron asesinatos, delitos económicos contra el Estado o de corrupción sancionados con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, violación de niños, trata y tráfico de personas, contrabando, sentenciados por la Ley 1008 con condenas mayores a diez años, y aquellos que están tipificados en la CPE y las leyes nacionales.

El proyecto plantea una aplicación progresiva en los siguientes cuatro años para que los Consejos Penitenciarios puedan realizar una labor efectiva de evaluación y los detenidos demuestren que quieren un cambio de conducta.

En todos los casos, el indulto se activaría siempre que los privados de libertad hayan cumplido al menos un tercio de su condena, pues actualmente, agrega Llanos, existen casos en los que los detenidos ni siquiera pisan las cárceles y salen libres sin haber asumido su responsabilidad ante la sociedad. (Visor Bolivia)