Ante anuncios de venta de bienes inmuebles del Ejército
Los analistas Roger Cortez y Jimmy Ortiz, por separado, proponen una auditoría externa, con la finalidad de establecer responsabilidades concretas, por la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) y del crédito de 40 millones de dólares con el Eximbank de China.
Los analistas coinciden en indicar que la auditoria servirá para establecer responsabilidad, tanto del directorio y la cabeza de dirección, así como de los que proyectaron la ECE.
“Las declaraciones del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en sentido de que ignora el paradero de los papeles, así como la jerarquía de las responsabilidades respecto a las compras cuestionadas y con serias observaciones, es tremendamente desmotivadora, porque resulta ser algo demasiado primitivo y atrasado cómo se manejaron sus registros o los tiene y fueron sustraídos; nos habla de una vulneración para manejar y controlar el dinero del conjunto de los bolivianos”, afirmó Cortez.
Cortez observa que si bien los resultados de una auditoria será la instancia que defina responsabilidades, así como identificación y penalización de los involucrados, existe el antecedente de que casos como la quiebra de la (ECE), no se consiga el resarcimiento de los recursos generados, como resultado del desfalco de la empresa.
ACTITUD DEL MINISTRO FERREIRA
“A mí me extraña que el ministro no haya roto en llanto, sabiendo que es una personas sensible al comunicar esto (…) es indispensable que dé a conocer un plan meticuloso de investigación, de las responsabilidades de cada uno de los involucrados y su ministerio como cabeza de directorio debiera realizarlo”, lamentó.
Cortez propone que tanto el Ministerio Público como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), garanticen que los culpables de la quiebra de (ECE) devuelvan los recursos, porque existe un sesgo de que los implicados sean solo encarcelados, sin que se logre reparar el daño al Estado.
“Con ese criterio sabremos, en el tiempo más breve, posible quién hurto, quién oculto los papeles, con que 0bjetivo; y conocer una nómina precisa de las personas involucradas en las responsabilidades dolosas, culposas y negligentes”, concluyó.
AUDITORÍA
En tanto, Jommy Ortiz dijo que antes de anunciar el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, de pretender disponer de bienes del Estado para pagar la deuda de 40 millones de dólares por quiebra de la empresa (ECE), debió haberse determinado una auditoria externa de forma inmediata.
“Se deben seguir los procedimientos correctos e inmediatos, que significa realizar una auditoria externa e interna, para definir las causas por las cuales quebró la empresa y sus directos responsables de la misma, además de establecer las sanciones penales que corresponda tanto al directorio y los niveles jerárquicos, sostuvo.
En segundo lugar, se deben liquidar los activos de la propia empresa para establecer el pago de la deuda, pero es poco sensato de pretender pasar al Estado estas obligaciones, por quiebra de la empresa ECE, indicó.
Para Ortiz son las propias FFAA, quienes desde sus niveles jerárquicos debieran responder a la deuda contraída y establecer sí la quiebra fue por asuntos dolosos, técnicos; existen niveles de responsabilidad, “empezando por la MAE de la empresa. Pero reitero, de inicio debiera haber resultados de una auditoria, porque el hecho de pagar o solo encarcelar a unos cuantos, es para que no se quede en nada”, concluyó Ortiz.
NORMA
De acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en el artículo 11°, referido a bienes de las FFAA, establece “Los bienes de las Fuerzas Armadas de la Nación, inmuebles o los documentos de valor histórico - militar, no podrán ser enajenados o facilitados en calidad de préstamo, sin previa autorización legislativa”.
Recordemos que el fin de semana el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que la Asamblea no permitirá la venta de bienes del Estado para pagar la deuda que tiene la quebrada Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) por un crédito de 40 millones de dólares con el Eximbank de China.
Aclaró que terrenos del Ejército, son bienes del Estado y por norma la Asamblea Legislativa tendría que aprobar su venta, pero anticipó que se rechazará cualquier enajenación.
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