El informe de médico forense establece que Viviana Reque Cano, de 24 años, murió por asfixia por sumersión, aspecto que confirma el feminicidio y da cuenta que la víctima se encontraba con vida, en el momento en que fue metida al pozo séptico, llegando a fallecer en el interior; mientras el victimador la tapo con una capa de cemento, detalló el Comandante del Valle Bajo, coronel Iván Quiroz.
En la investigación policial intervinieron funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), con apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) e inteligencia, y lograron aprender a las 23.30 del domingo a Máximo Ramos Ayala, esposo de la víctima y principal sospechoso, además de dos personas más, quienes serían familiares del imputado.
La data de la muerte de la joven es de tres semanas, tiempo en que la víctima Viviana Reque Cano, estaba siendo buscada por vecinos y familiares, quienes denunciaron ante la Felcc como persona desaparecida, desde el momento en que no fue vista en la zona ni en su casa.
De acuerdo con el reporte policial, se constituyeron en el domicilio del esposo de Viviana Reque, donde René R. A. y su esposa Margarita M. mostraron un comportamiento sospechoso y contradiciéndose, motivo por el cual se trasladan a la zona Chaupisuyo – Sipe, donde se logra el arresto de Máximo René, quien luego de la entrevista admitió haber victimado a su esposa.
Luego de un trabajo conjunto, se logra realizar el cavado de la poza séptica, encontrado en su interior el cadáver, el cual fue rescatado, para luego establecer el informe médico forense, que confirmó que la víctima aún se encontraba con vida, antes de ser tapeada al interior del pozo séptico.
En delito de feminicidio, hasta agosto, según datos del Observatorio Manuela del Cidem, reportaba que 36 de los 59 feminicidios registrados entre enero y junio, el asesino fue el esposo, novio, concubino o la expareja de la víctima.
La región boliviana con el mayor nivel de feminicidios fue Cochabamba, donde hubo 21 casos; seguida por La Paz, con 16, y Santa Cruz, con ocho, entre otros. Las víctimas están protegidas por la Ley 348, que les permite hacer la denuncia a tiempo ante la Felcv, para evitar que su vida corra algún riesgo.
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