Informe de Observatorio
• La normativa no se aplica en su totalidad para sancionar a las personas responsables de la muerte de mujeres
En conmemoración del “Día de la Mujer Boliviana”, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres expuso en un conversatorio, que “el feminicidio es negación de los derechos de las mujeres” y develó que Cochabamba (20) es el departamento con mayores índices en Bolivia, seguido por La Paz (19), Santa Cruz (18), Potosí (5), Oruro (4), Chuquisaca (4), Beni (2), Pando (1) y Tarija (1).
Según la representante del Observatorio, Angélica Siles, las estadísticas de violencia e impunidad de casos llevó a las mujeres a organizarse para acompañar a las víctimas, y de esa forma pedir al sistema de justicia que actué frente a la normativa vigente que existe en nuestro país, en favor de las mujeres.
DATOS
El Observatorio de enero a septiembre de 2016 registró un total de 74 feminicidios (muertes por ser mujer). Estos se traducen en violación que es seguido de muerte con características de violencia brutal.
“La lucha por lograr la justicia que merecen los familiares de las mujeres asesinadas en manos de su pareja es el objetivo establecido de la organización. Se elaboró un mapa de estadísticas de los feminicidios de los casos que constantemente se presentan en la sociedad”, señaló.
El mapa de feminicidios mostró ayer el Observatorio en predios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
DEPARTAMENTO
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz son los departamentos que presentan los casos más elevados. Por ello, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres ha decidido poner bajo vigilancia a la justicia y seguir de cerca los procesos por violencia de género y feminicidio que se ventilan en los estrados judiciales.
En la Ley 348 se incorporó la figura penal de feminicidio. “Hemos constatado que no se cumple con el debido proceso, los jueces y fiscales no aplican los alcances de la Ley 348 y no tipifican los delitos según los alcances de esta norma”, cuestionó.
PROCESOS
Explicó que los reportes oficiales de los procesos muestran que en 2013 se procesaron 25 causas por este delito, pero solo se emitieron seis sentencias. En tanto, el año 2014 se abrieron 62 procesos y se emitieron 16 sentencias; en 2015 hubo un total de 98 procesos, sólo se decretaron 16 sentencias; en esta gestión, hasta el momento se registraron 75 casos de feminicidio.
La representante sostuvo que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la Obligación de cumplir con las Recomendaciones del Comité de Lucha Contra la Violencia Cedaw.
De acuerdo con Siles, el primer desafío es lograr que la Fiscalía tipifique el delito como feminicidio, porque “siguen aplicando el antiguo código penal y esto no es casual, porque detrás está el objetivo de evitar la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto”.
Según el seguimiento realizado por el Observatorio, salvo en los casos en los que los acusados admiten someterse a procesos abreviados, las causas por feminicidio se prolongan entre dos a tres años.
El observatorio hace presencia en las audiencias, organiza plantones, mítines y protestas, acompaña a las víctimas de violencia y a familiares de víctimas de feminicidio, y sistematiza la información sobre la violencia machista que se publica en los medios de comunicación.
ANTECEDENTES
El Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres fue conformado el 6 de febrero del año 2009, por un colectivo de mujeres integrantes de organizaciones, instituciones y activistas defensoras de derechos de las mujeres; frente a la vulneración de derechos de sus congéneres en diversas instancias estatales y no estatales; como el no acceso a la justicia pronta, casos de impunidad y la incipiente implementación de políticas de género y una urgente necesidad de jerarquización de las instancias de género en Bolivia; basado en los Arts. 241 y 242 de la CPE referido a la Participación y Control Social desde diversos sectores de la sociedad civil, su objetivo estratégico incidir de manera activa, y decisoria, en la vigilancia de la implementación de políticas públicas.
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