La divergencia política en El Alto afloró nuevamente con el bloqueo de una semana encabezada por el distrito 8, impidiendo el transporte al interior del país. El blanco del conflicto fue en principio la subalcaldesa de ese distrito, Irene Condori, a quien se atribuye falta de obras, exigiéndose su destitución Sin embargo, hay indicios de que la finalidad última era la desestabilización de la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón. El contraste del oficialismo en El Alto, parece tener mucho que ver en estos y anteriores hechos, con desprecio a una elección legal y legítima en actitud antidemocrática.
Esa posible estrategia tendría confirmación porque la Fejuve (adscrita al MAS) de inmediato hizo suyo el conflicto, pidiendo la renuncia de los subalcaldes de los 14 distritos, con lo que se afinaba el objetivo final entrevisto. En cambio, la otra Fejuve instruyó no acatar el bloqueo y decidió convocar a un próximo cabildo.
Frente a los perjuicios para los viajeros y el comercio interdepartamental, Soledad Chapetón entrevistó al Ministro de Gobierno solicitándole el despliegue policial en los lugares afectados. La presencia policial fue más contemplativa que eficiente, mientras se producían bloqueos en otros sectores, aunque de menor intensidad.
El ministro Carlos Romero declaró que la exigencia era ilegal y que el tema solo podía resolverse mediante un revocatorio después de la mitad del mandato. El vicepresidente Álvaro García, más radical, descartó que el Gobierno estuviese detrás de la situación creada, la endilgó a la mala administración edil alteña, incidiendo en la falta de diálogo por parte de su titular.
Contradiciendo esas apreciaciones, la intervención oficialista está clara por la convocatoria expresa al desorden suscrita por dirigentes, ex funcionarios de la gestión Patana y hasta una diputada, todos supuestamente masistas. Por otra parte, similares elementos de juicio concurren en relación con el asalto e incendio de la alcaldía de esa localidad hace 7 meses.
La opinión pública se pregunta cómo es que 3.500 bloqueadores (apreciación oficial) pueden movilizarse durante 7 días. Es que el método infalible de convocatoria a estas “minorías eficaces” son las multas, sanciones y represalias bajo conminatoria a los vecinos por los dirigentes, en caso de inasistencia (esta vez la multa era de Bs. 100). Esta expolición o extorsión no tiene fin ante la impasibilidad de la autoridad. La multa es una potestad exclusiva del Estado y es al mismo tiempo una sanción que solo éste debe aplicarla y no ningún grupo o particular.
Casi providencialmente surgió un arreglo -más momentáneo que definitivo- por mediación del Obispo de El Alto, quedando suspendida la subalcaldesa del distrito 8 y luego de un enfrentamiento de bloqueadores y policías, arrojando 4 heridos. Se espera que la Felcc pueda esclarecer el origen del mismo a través del interrogatorio a los detenidos, pues, los dirigentes niegan una provocación a los del orden.
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