La prensa, periodistas y “cárteles de la mentira”

Hasta hace treinta años en que aparecieron los “cárteles del narcotráfico”, se llamaba bandas, mafias e imperio de la delincuencia a organizaciones que violaban la ley en todo sentido y atentaban contra el bien común. El narcotráfico, por sus gravísimas implicaciones en la vida de los pueblos, ha recibido condenas permanentes y se llama “cárteles” a grupos organizados para producir, comercializar y promover consumo de todo tipo de drogas alucinógenas.

La prensa, cuando cometía algún error, y en cualquier parte del mundo, era desmentida o acusada de calumnias o acusaciones sin fundamento, en casos, se le puso el calificativo de “prensa amarilla” para designarla como negocio de intereses creados que obraban mal y, por igual, difundían y defendían causas ajenas al bien común. Este tipo de prensa aún existe en el mundo y es medio que sirve a organizaciones no siempre legales.

En nuestro país, lamentablemente, se ha decidido, por parte de algunas autoridades del gobierno, calificar a los medios de comunicación y a los periodistas como integrantes de lo que llaman “el cártel de la mentira” buscando que prensa y periodistas pierdan la credibilidad del público al que dicen, engañan, mienten y muestran hechos del gobierno o de entidades privadas que nada tendrían que ver con la verdad y principios de honestidad y responsabilidad; pero, ni prensa -escrita, televisiva, radial- ni periodistas que trabajamos en ella, hemos ingresado en los ámbitos de la corrupción y alteración de la moral y la ética; no concebimos el servicio a bandas o mafias ni a la propagación de la delincuencia y faltamiento a las virtudes, valores y principios porque creemos que servimos honesta y lealmente al país y al pueblo dando informaciones luego de recogerlas en fuentes responsables; relatamos, analizamos, criticamos o aplaudimos y sugerimos medidas o disposiciones que habría que adoptar según los casos; entendemos que el Estado, a cuyo servicio estamos conjuntamente los gobiernos, se rige tan sólo por la Constitución Política del Estado y las leyes que están inspiradas en principios morales y, como base fundamental, el decálogo de la Ley de Dios, cuales son los diez mandamientos, o en principios de moral, decencia, respeto y honestidad que pregonan y propalan todos los credos religiosos sin importar la denominación que tengan.

Acusar a los medios de comunicación y a quienes colaboran o trabajan en ellos, es contrario a la verdad y a principios de sana responsabilidad que todos deberían practicar, tengan o no poder de cualquier clase. Disposiciones legales concretas y terminantes, como es la Ley de Imprenta que ampara a la libre expresión, no deben ser vulneradas ni menos intentar su reemplazo con leyes o códigos que están vigentes en contra de los delitos comunes porque el periodismo relata hechos reales y es comentado dentro de marcos de responsabilidad y honestidad. La libertad de expresión está consagrada por la Constitución y las leyes; su vulneración o no acatamiento por parte de cualesquiera autoridades no corresponde ni bajo el amparo de otras leyes porque la supremacía de la Ley de Imprenta es incuestionable o sea que está sobre cualquier otra disposición legal, salvo la Constitución. El periodismo boliviano ha actuado siempre bajo principios de seriedad y responsabilidad y no ha ocultado o minimizado extremos en que hayan prevalecido los engaños o mentiras y la excepción es ese periodismo “amarillista” que ha seguido consignas y no ha actuado dentro de parámetros de moral y ética porque ha servido a intereses subalternos porque se lo hace en defensa y hasta sometimiento a grupos o instancias ajenos a principios.

La prensa libre e independiente en el mundo entero es básica para las libertades, la justicia y la democracia; no sirve para la defensa de hechos contrarios a las leyes y menos para lastimar u ofender a personas o instituciones sino basa su información, análisis y criterios sobre la verdad y responsabilidad, que son los únicos salvaguardas de la seguridad de la prensa y de los periodistas como medios de comunicación, sino para quienes trabajan en ella como periodistas, sean reporteros, redactores, editorialistas, columnistas, analistas o comentaristas que se atienen a principios de libre expresión pero con responsabilidad.

Los “cárteles de la mentira” corresponden, en todo caso, a quienes son integrantes de mafias o bandas organizadas para el crimen y atentados contra el bien común, para los que actúan bajo dictados del derecho de la fuerza que conculca el Derecho de la Constitución y de las leyes que deben regir la vida del país. Los cárteles son para quienes buscan proteger los hechos contrarios al bien común y para aquellos que complotan contra los derechos humanos y toman a la prensa como culpables de sus errores. Prensa y periodistas nos sentimos consubstanciados totalmente con quienes actúan en los marcos legales, sirven al bien común y actúan con alta moralidad; no nos corresponde ser incluidos en las listas de bandas o mafias inexistentes en el país y que buscan sólo el bien de pocos en detrimento de los intereses de los más, que es el pueblo y sus instituciones.