En emotivo acto que planteó “romper la cultura de no”, la alcaldesa en ejercicio de la ciudad de La Paz, Andrea Cornejo, promulgó ayer la Ley Municipal Autonómica 209, para las Personas con Discapacidad, que garantiza los derechos de inclusión y atención específica de esa población.
“Hoy, en el municipio de La Paz, les decimos sí a las personas con discapacidad y se les dice con hechos, con una ley que tiende a solucionar nuestros problemas cotidianos de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, para que la ciudad sea para todos, para que cualquier persona pueda usar y disfrutar de los espacios públicos”, expresó Cornejo en sentido discurso.
La Ley, que garantiza los derechos de las personas con capacidades diferentes, fue trabajada y propuesta por el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad, la misma que debe ser reglamentada en el curso de los 180 días siguientes.
El acto efectuado en el Salón Rojo del Palacio Consistorial, contó con la presencia del representante de la organización no gubernamental Red Unitas, Carlos Revilla; la presidenta del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad, Tomasa Portugal y miembros de este sector, quienes coincidieron en señalar que la promulgación de la primera Ley Municipal en Bolivia, en favor de esa población, es el principio de una nueva etapa para en el marco del desarrollo humano.
ROMPER BARRERAS
Uno de los objetivos de la Ley Municipal 209 es lograr el acondicionamiento arquitectónico de los espacios de uso común, promover el transporte ortopédico en el servicio de transporte de pasajeros y la inclusión laboral con criterios de seguridad, entre otras prerrogativas para las personas con algún tipo de discapacidad.
En ese contexto, señaló que “a partir de este momento tenemos un instrumento para exigir los derechos que nos corresponde, establecidos en las leyes nacionales e internacionales”.
DEUDA PENDIENTE
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Pedro Susz, señaló que con la promulgación de la Ley Municipal 209, la colectividad paceña empieza a pagar una deuda social pendiente que ha sido enfrentada por el gobierno local de manera decidida, impulsar en el resto del país el derecho pleno y absoluto de este sector de la población.
“Ha sido un trabajo largo y complicado porque no nos interesaba emitir una disposición demagógica, puramente retórica y que luego no se pudiera traducir en la práctica en acciones efectivas en favor de las personas con discapacidad”, remarcó Susz.
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