Democracia en el Estado Plurinacional

Cuando los bolivianos pensamos en la democracia, inmediatamente nuestras ideas nos remiten a las dictaduras, los gobiernos de facto, las restricciones impuestas y la conculcación de libertades y derechos elementales.

Y es que se produce una asociación inmediata con la pérdida de las libertades de expresión, pensamiento o inclusive reunión; porque su ejercicio había sido castigado hasta el punto de imponer el apresamiento, la tortura, la desaparición y hasta la muerte de todos aquellos que se habían atrevido a pensar diferente y expresar un criterio propio.

Intolerancia secante de por medio, se nos convertía en “conspiradores” o “delincuentes subversivos” ante los ojos de quienes detentaban un poder antidemocrático, usurpado por la fuerza, y que lo ejercían autoritaria y despóticamente.

Será por eso que en algunos sectores sociales, e inclusive intelectuales, les basta con reivindicar una democracia tradicional que se limite al respeto de los derechos humanos. Entienden la democracia como el control del poder, donde existe respeto a las minorías, prevalece el estado de derecho, la legalidad y la institucionalidad. Además, donde se generen condiciones de participación y donde un ciudadano equivale a un voto. Se trata de una democracia formal, arraigada en una visión liberal, que busca el establecimiento de condiciones básicas mínimas para un desenvolvimiento pacífico y una relación respetuosa entre la sociedad y el Estado. Es una democracia que no alcanza a percibir la importancia de una democracia deliberativa y comunitaria, donde se busca prioritariamente el consenso y no la imposición de las mayorías. Tampoco les preocupa o alcanzan a intuir, la enorme significación de construir una democracia que verdaderamente constituya “el gobierno del pueblo”, tal como establece la propia definición de democracia; o que en la práctica pueda estar germinando en las democracias de base autogestionaria, participativa y directa. Tampoco perciben la importancia y trascendencia de las identidades colectivas, cultural e históricamente diferentes y diversas; porque se concentran en el individuo y el establecimiento de una ciudadanía universal única, generalmente monocultural, particularista y occidental, que desdeña las diversidades y diferencias.

Sin embargo, devolviéndonos a lo que sucede en los hechos, a 34 años de haber sido recuperada tras una larga lucha, surge el doloroso contrasentido de festejar su conquista y no tener siquiera la más mínima sensibilidad y voluntad política del actual gobierno para saldar una deuda histórica nacional que sigue pendiente. Es decir, una democracia que permita recuperar, desentrañar y restablecer la memoria histórica y la verdad, de modo que nunca más vuelvan a repetirse semejantes situaciones; así como cerrar las graves heridas causadas, devolver la dignidad y restablecer la justicia que fue arrebatada.

Como si ello no fuese suficiente, también es posible constatar que el gobierno se ha dado a la tarea de imponer un tipo de democracia excluyente y sectaria, que anula toda posibilidad de construir una democracia plural, respetuosa de la diferencia y la diversidad. Es decir, que corresponda y esté acorde al Estado plurinacional y al abigarramiento de nuestra sociedad. Para ello y adoptando un enfoque confrontacional y un discurso agresivo, se ha emitido normas que atentan y conculcan el derecho a la libre asociación (específicamente dirigida a ONGs e instituciones de la sociedad civil, a las que se busca someter al criterio oficial sobre “desarrollo” si no quieren estar expuestas a su expulsión y cierre). También se ha emprendido una fuerte y agresiva campaña mediática y comunicacional (pagada con recursos fiscales), orientada a anular el derecho a la libre información, pensamiento y expresión, que está dirigida a medios de comunicación y periodistas independientes (identificados como “el cártel de la mentira”). En este caso, se utiliza el amedrentamiento, la amenaza y la descalificación para acallar y coartar dichos medios y periodistas, aunque en los hechos implicaría conculcar el derecho que tenemos todos de expresarnos, pensar, informar y ser informados.