Los graves problemas que ha enfrentado el gobierno y el Estado con las cooperativas mineras, hasta el extremo de que hayan muerto en enfrentamientos con los policías cinco mineros cooperativistas y haya sido secuestrado, torturado y asesinado el Viceministro de Régimen Interior por extremistas incrustados en las cooperativas, tiene que obligar al gobierno a revisar muchas disposiciones que, por años, han favorecido mucho al sistema cooperativo minero, más por conveniencias político-partidistas que por razones de planificación, producción y logro de altas exportaciones con la minería.
Mucho se dice sobre el cooperativismo minero que, en muchos hechos, se ha convertido en grupos de privilegio y poder incalculables; pero, nada o muy poco se conoce sobre la cantidad de cooperativas que existían en el país hasta el año 2005 y cuántas han surgido por las “políticas de cambio” dispuestas por el gobierno. Un ejemplo válido es el caso del cooperativismo aurífero: ¿cuál es la realidad de los yacimientos auríferos explotados por empresas privadas? ¿Cuántas cooperativas han sido creadas en los últimos diez años? ¿Cuánto han producido y qué beneficios han reportado al país? ¿Cuántos trabajadores mineros que antes estaban sujetos a salarios, conforman las cooperativas mineras y cuáles son sus condiciones de vida y las percepciones financieras que tienen por ser socios del cooperativismo?
Hay muchos interrogantes que es preciso responder con las respectivas aclaraciones. Mucho se dice sobre la necesidad de “reorganizar o reestructurar el sistema cooperativo”; pero, ¿sobre qué bases? ¿Cuándo se hará los estudios del caso? ¿Cuál es el criterio de los actuales mineros miembros-socios de las cooperativas? ¿Cuál es el caso de los socios del sector aurífero? ¿Cuánto oro han producido? Tampoco se sabe al respecto que se ha comentado que nuestras exportaciones de oro como aporte del cooperativismo sería el mínimo y el saldo restante sigue las vías del contrabando.
La situación es delicada y merece estudios muy serios y responsables, no pueden estar sujetos a intereses político-partidistas y mucho menos a los creados por quienes han hecho del sistema un medio de enriquecimiento ilimitado inclusive explotando a mineros que reciben salarios mínimos. Los hechos transcurridos dan lugar, muchas veces, a que en los momentos difíciles se formule todo tipo de planes y proyectos; pero pasados los momentos álgidos todo se olvida y “se entierra” lo que debería ser motivo de solución, ajustes, planificación y aplicación de remedios permanentes para evitar los yerros cometidos tanto por parte de las autoridades como por los integrantes de esos grupos societarios que, por propia conveniencia, deberían exigir seriedad, rapidez y responsabilidad en lo que se haga.
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