Los últimos acontecimientos ocurridos en Bolivia, donde pareciera que los ocurrentes hacen lo que les da la gana, no deberían sorprender ya que el Poder político desde hace años “empoderó” a –dirigentes- denominados “movimientos sociales” afines a él, los que se han convertido en –peligrosos- “grupos corporativos”, como los cocaleros, las bartolinas, los interculturales, los cooperativistas, gremiales y la Csutcb, entre otros, cuya capacidad política ha permitido todo tipo de apoyo al Gobierno, lo que, al parecer, les permite eximir las leyes, e incluso la CPE. Cual neo-colonialistas se enseñorean y pretenden “adueñarse” de lo que pueden en el país.
Lo acontecido el día 25 de agosto en Panduro, por parte de cooperativistas, otrora sector sostén del Gobierno, insólitamente se volcaron contra su líder. Estos empresarios cooperativistas acostumbrados a las dadivas: vehículos, viajes, hoteles, maquinaria, insuflaron tal virulencia –natural en los mineros diría Pedro Montes- como nuevos capitalistas -como lo asegura el viceministro Alfredo Rada- manifestando su rechazo a “sindicalizar” a sus trabajadores. Los resultados nefastos se tradujeron en el asesinato de 4 trabajadores mineros muertos por armas de fuego. Lo inaudito es el asesinato del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, que estaba secuestrado y en completa indefensión.
El día 25 de agosto a horas 14:30 del día 25 de agosto en la localidad de Panduro, después de horas de secuestrado, el Viceministro Rodolfo Illanes tenía la potestad de ordenar el repliegue de la policía ¿Qué paso? mi hipótesis es que lo hizo y así negociar su libertad. Pero, al parecer, algún Jefe “desobedeció” la orden. Ello colijo por la información difundida en los mass media, en una de ellas se escucha claramente que (Illanes) exhorta: “por favor, doctor”; presumo que ese “Dr.” es el Ministro de Gobierno, este exhortación me permite deducir que el ex comandante -pareciera- consultó la orden con algún superior ¿Carlos Romero? Entonces, ¿se repitió lo de Chaparina? Coincidentemente, el ex comandante policial está imputado por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, y de negación a auxilio, entre otros.
El Defensor del Pueblo sostuvo que algunos uniformados utilizaron armas letales de 9 milímetros, que por ello –antes de la muerte de Illanes- habría solicitado al Ministro de Gobierno el repliegue de los policías y que no fue escuchado, pese a que se amparó en el marco del manual de derechos humanos de la ONU, que tácitamente dispone evitar tácticas innecesarias que provoquen algún peligro de los uniformados. Entre los móviles para el uso de armas letales, al parecer, fueron -dicen- por “venganza” de una anterior arremetida de los cooperativistas contra los policías. Los efectivos que trataban de desbloquear en Panduro sobrepasaban los 50 años, además estaban mujeres, hecho que la norma prohíbe. Ante estas revelaciones, llama la atención la molestia del Ministro de Gobierno cuando con una casi “amenaza” sostiene que él (el Defensor) “también tendrá que responder por lo que no hizo ante la amenaza de “descuartizamiento” (de Illanes)”. Romero sabe más de lo que dice saber, además de que se rompió la cadena de mando policial. ¿Pero por qué, cuál es el objeto del embrollo? ¿Es que se pretende revertir los centros mineros de las cooperativas al Estado para otorgarlas a empresas chinas?
El autor es Director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (CISEC).
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