Recusación de Boyán a Tribunal del caso Alexander “no tiene asidero legal”

El juez Roberto Mérida, miembro del Tribunal 10mo de Sentencia, donde se tramita el juicio del “caso bebé Alexander”, considera que la recusación presentada contra él y la presidenta de esta instancia, Patricia Pacajes, por la fiscal Susana Boyán, “no tiene asidero legal”; empero, anunció respetar lo que se disponga en audiencia, la de ayer fue suspendida por cuarta vez.

“El suscrito desconoce, en absoluto, la (razón de la) causal que está invocando la fiscal de materia, Susana Boyán; toda vez que mi persona no tiene amistad, ni enemistad ni con ella ni con ninguna de las partes en este proceso, denominado bebé Alexander”, señaló Mérida, que se negó a dar más detalles, ya que el caso está declarado en reserva judicial.

Según copia de la recusación a la que EL DIARIO tuvo acceso, Boyán afirma que dos de los jueces del Tribunal Décimo, la presidenta Patricia Pacajes y el juez técnico Roberto Mérida expresan una actitud de “manifiesta enemistad” hacia ella y que por esta razón conceden a la defensa de los tres médicos acusados, el permiso para que peritos de instituciones independientes sometan a nuevas pericias las pruebas presentadas por la propia fiscal.

“Es a eso que le teme la Fiscalía, porque hasta la fecha, con sus testigos, no ha logrado establecer la participación (en el supuesto delito) de ninguno de los coacusados”, señaló anteriormente Suleyka Lanza.

La jurista es abogada de Sandra M. C., la médico que cumplía turno en Hospital del Niño, el 13 de noviembre de 2014, cuando el bebé Alexander fue llevado, con síntomas de una broncoaspiración con su leche.

RECUSA SIN FUNDAMENTO

Mérida negó de manera enfática la sindicación hecha por Boyán, calificándola de infundada.

“A criterio personal del suscrito, de forma personalísima, (creo que) no tiene ningún asidero legal la recusación que (Boyán) ha interpuesto en contra de mi autoridad”, afirmó Mérida.

IMPIDE TRABAJO DE PERIODISTAS

A al término de la audiencia, EL DIARIO consultó a Boyán por su versión, pero como acontece desde hace varios meses, la fiscal no solo se niega a responder por las varias controversias del caso, que ponen en duda la credibilidad de todo el Ministerio Público, sino que también se da a la tarea de impedir el trabajo de los periodistas, al objetar el registro visual de los protagonistas en las audiencias, cuando estas aún no han iniciado.

SUSPENSIÓN

Al ser más de la mitad los miembros recusados, como indica la norma, Guerrero convocó a dos jueces técnicos del Tribunal Primero de Sentencia para dirimir la recusación, pero la audiencia fue suspendida por cuarta vez.

Guerrero informó a EL DIARIO, que la suspensión fue debido a que no se había notificado al juez técnico del Tribunal 1ro, Sixto Fernández, que el pasado viernes presentó una baja médica y antes de eso, la fiscal Boyán pidió la entrega de grabaciones y actas.

Con la llamada de atención al personal responsable, Guerrero informó que la audiencia fue fijada para hoy, a las 16.00 horas.

Con todas estas acciones dilatorias, iniciadas por Boyán, el proceso está paralizado hace tres semanas, lo cual genera susceptibilidad en los acusados, que manifiestan su temor por las presiones a las que la fiscal somete al Tribunal.

RETIRARON TESTIGOS

Entre las irregularidades que se están dando en el juicio, en mayo, Lanza también informó que la fiscal Boyán retiró a cerca de 40 testigos de cargo, propuestos por el propio Ministerio Público.

Lanza señalaba que luego de que Edwin Blanco dejó el proceso para asumir el cargo de Fiscal de Distrito, Boyán se encontró con la declaración de los investigadores que señalaron desconocer los indicios en los que los fiscales basaron la imputación de una supuesta violación.

“Los investigadores han dicho, con claridad meridiana, que se ha violado la cadena de custodia de las pruebas, que las declaraciones no fueron tomadas por los fiscales”, afirmaba Lanza, en ese entonces.