Revocarán a asambleístas que aprueben Ley de Transferencia

Tarija (Red Aclo).- Organizaciones sociales como del trasporte, gremiales, Federación de Juntas Vecinales, Central Obrera Departamental, Universidad y otras instituciones salieron ayer a las calles de la ciudad de Tarija en una marcha de protesta en contra del proyecto de Ley de Transferencia de recursos económicos para ocho municipios y ocho subgobernaciones.

Durante la concentración, determinaron impulsar revocatoria para asambleístas que aprueben dicho proyecto de ley.

Entretanto, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija continúa tratando el proyecto de Ley Departamental de Transferencia de Recursos a los Municipios, que es impulsado por el presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Álvaro Ruiz; esta propuesta de ley obligaría a la Gobernación Departamental de Tarija, transferir cada año cerca del 36% de su presupuesto a ocho municipios y ocho subgobernaciones, lo que pone en riesgo varios proyectos de agua, energía eléctrica, servicios básicos entre otros, según manifestaron los dirigentes de diferentes instituciones.

La marcha de protesta recorrió las principales calles de la ciudad de Tarija hasta llegar a la plaza principal; donde el presidente del Comité Cívico de Tarija, Teodoro Castillo, dijo “no puede ser que esta Asamblea Legislativa Departamental irresponsable siga sacando leyes, y partiendo el presupuesto del departamento de Tarija, pido al pueblo e instituciones movilizadas, iniciar revocatorio para los asambleístas” aseveró.

Por otra parte, el dirigente cívico, Castillo, exigió al gobernador departamental, Adrián Oliva, cumplir con el plan de trabajo y exigió a la Asamblea Legislativa Departamental, dejar trabajar; caso contrario anuncian radicalizar sus medidas.

Mientras tanto, el presidente de la Federación de las Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Edwin Rosas, informó que existe rechazo masivo por parte de los diferentes presidentes barriales a la Ley de Transferencia de recursos a los municipios, porque afectaría la ejecución de proyectos relacionados a los servicios básicos, que es una necesidad prioritaria para habitantes de Tarija.