Denunciante de funcionarios ediles corruptos fue apresada

Cochabamba (agencias).- Una mujer que fue víctima de corrupción y denunció a cinco funcionarios ediles que aprobaron irregularmente la construcción de un condominio en 2007, ayer fue enviada a prisión , acusada por difamación y calumnias, delitos de acción privada para los que no hay encarcelamiento.

Silvia Antezana es la ciudadana que en relató al diario local Opinión que hace nueve años denunció que al lado de su casa empezaron a construir un condominio con muchos más pisos de los que permite la norma municipal. Se animó a efectuar la acusación porque su vivienda peligraba,

Antezana que investigó la aprobación de los planos y otros documentos inherentes a la construcción descubrió que cinco funcionarios municipales habrían cometido actos de corrupción, además un tribunal comprobó el daño causado por la construcción del edificio en la casa de la denunciante, pero sostuvo que la aprobación irregular de los planos no es delito y dictó una sentencia absolutoria a favor de los funcionarios.

El propietario del condominio denunció a Silvia Antezana por los delitos de difamación e injurias y el juez que ve este proceso es Eduardo Arce. En el mes de septiembre, la autoridad jurisdiccional sometió a Silvia Antezana a una audiencia en la que le impuso como medidas sustitutivas la detención domiciliaria, arraigo, una fianza de 200 mil bolivianos y la prohibición de hablar con los periodistas y medios de comunicación.

Denunciando que estas medidas atentaban contra las leyes en vigencia y contra su derecho universal a la libre expresión, Antezana aceptó una entrevista de la Red ATB y también presentó una denuncia contra el juez Eduardo Arce, por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley.

El dueño del condominio solicitó al juez una audiencia para revocar las medidas sustitutivas de Antezana acusándola de haber violado la prohibición de hablar con la prensa y de no tener custodios policiales.

El martes pasado, Silvia Antezana fue sometida a dicha audiencia y el juez Eduardo Arce ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Sebastián.

Su defensa presentó una acción de libertad porque de acuerdo al artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, “no procede la detención preventiva en delitos de acción privada”. La difamación y las injurias son delitos contra el honor y, por tanto, son de acción privada.