Parlamentarios piden a Chile respetar políticas internas

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, pidió al canciller de Chile, Heraldo Muñoz, respetar las políticas internas de Bolivia. Aseguró que en el lado boliviano de la frontera con el vecino país no existen sobreprecios para los compatriotas.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseveró que el Gobierno de Chile realiza aseveraciones contrarias a Bolivia debido a que el presidente Evo Morales utiliza los foros para denunciar las irregularidades que el vecino país comete con los choferes bolivianos.

“Responde a estrategias que pretenden confundir, que pretenden marear, es lo que siempre ha estado acostumbrada la diplomacia chilena, a dilatar, a confundir, a chicanear de cualquier forma para evitar sentarse a dialogar de manera transparente”, dijo Gonzales en conferencia de prensa.

Estas declaraciones surgieron luego que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmara que el Gobierno boliviano lucra con los comerciantes al cobrarles en demasía por cada contenedor por lo que sería bueno que las autoridades expliquen el porqué de estos sobreprecios, que encarecen el libre tránsito por los puertos de nuestro país.

Por su parte, Montaño aseveró que el Gobierno de Chile realiza aseveraciones contrarias a Bolivia debido a que el presidente Morales denunció las irregularidades que el vecino país comete con los choferes de carga pesada bolivianos.

“Esta es una respuesta desesperada a una denuncia que Bolivia hace en relación al abuso que reciben nuestros transportistas en puertos chilenos”, dijo Montaño.

El gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, dijo en declaraciones anteriores que la Terminal Portuaria de Arica, que administra el puerto en el vecino país, se lleva anualmente al menos $us 8 millones de dólares por los servicios prestados a los operadores del comercio exterior de Bolivia.

Los costos de operación de la carga en tránsito en dicha terminal fueron acordados hace once años atrás, no solo en Chile sino también con los empresarios bolivianos.