Acudir al Defensor del Pueblo es calificado de actitud “reticente”

Ángel Aparaya, sindicado como la persona que ultimó con un golpe en la cabeza al viceministro Rodolfo Illanes, el 25 de agosto, en el cerro Pucara, de Panduro, fue enviado ayer con detención preventiva al penal de máxima seguridad, Chonchocoro. Está imputado por los delitos de asesinato, robo agravado, tenencia y porte o portación ilícita de explosivos y atentados contra miembros del organismo de seguridad del Estado.

La determinación fue asumida por la juez 7ma. de Instrucción Cautelar de El Alto, Ana Dorado, quien en su resolución señaló que la defensa de Arapaya no pudo desvirtuar los riesgos procesales de peligro de fuga, carencia de domicilio y de trabajo, probable intención de obstaculizar la investigación.

A la audiencia cautelar se hizo presente la familia de la difunta autoridad y en más de una ocasión se tuvo que llamar al orden para que guarde silencio, en el momento que la defensa de Aparaya hizo uso de la palabra.

Pese al fallo de la juez, a la conclusión de la audiencia se protagonizaron enfrentamientos con la Policía, a la que la familia agredió en respuesta a los jalones con las que trató de sacarlos del salón.

“Protegen al asesino” gritaban a los policías las cerca de 11 personas entre mujeres y pocos varones. “Asesinos, malagradecidos, cuantas veces les ha defendido a los cooperativistas y lo han matado, esta gente maldita, malagradecida”, proferían los parientes de Illanes contra Aparaya, que en el fondo del salón se cubría el rostro.

SIN PRUEBA MATERIAL

Daniel Ayala, principal fiscal del caso, aseguró en la audiencia que existen 10 testimonios de cooperativistas que identifican al joven minero de Viloco como al autor de la muerte de Illanes.

Aparaya, enfático y asegurando que recurrirá al apoyo del Defensor del Pueblo para que se respeten sus derechos, el fiscal Ayala afirmó que esto se constituye en una “actitud reticente”.

“10 personas, estos 10 cooperativistas (…) señalan todos de que Ángel Aparaya fue quien, al enterarse de su primo (Ruben Aparaya), fue asesinado con arma de fuego esa misma tarde en Panduro), toma contacto con el señor viceministro y lo golpea con un casco que es utilizado por los mineros”, afirmó al inicio de su alegato el fiscal Ayala.

Sin embargo, en el desarrollo de la audiencia, el fiscal solo precisó la acción en un testimonio del que dio lectura. “La declaración de Raúl León Mamani, quien hace referencia a que el señor Ángel Aparaya Condori había sido el autor del golpe con guardatojo en el sector de la cabeza del viceministro (Illanes)”, afirmó ante la juez el fiscal.

Fue esa actitud, una de las que observó Mónica Irusta, abogada de Aparaya, quien aseguró que no son 10 los testimonios que inculpan a su defendido y que sólo cuatro de ellos hacen cita, no del golpe, sino de que Aparaya estaba en la zona, afirmación que no es negada.

Pero la Fiscalía también hizo mención de una ampliada declaración informativa de Agustín Choque, que señala como autores materiales de la muerte de Illanes a Aparaya y toda su cooperativa “San Pedro de Viloco”, dando detalles de los movimientos de este grupo y los horarios, pero sin dar mayores precisiones.

Por su lado, la abogada Irusta aseguró que no hay indicio material en los cargos que se hacen a su defendido y que existen contradicciones en materia del tiempo en que se dieron los hechos. Sostuvo también que la determinación de la juez fue asumida bajo presión, ante el clima agresivo que la familia de la autoridad fallecida demostró a lo largo de la audiencia.

Citó como ejemplos el hecho de que Carlos Mamani no ha prestado declaración, ya que se acogió a su derecho al silencio, pero es citado por los fiscales como testigo en contra de Aparaya.

14 DETENIDOS

Con la detención de Aparaya, son 14 los cooperativistas detenidos por la muerte de Illanes, pero hasta la fecha no hay un solo investigado por la muerte de los cuatro mineros asesinados en La Paz y Cochabamba, con disparos de arma de fuego.

Pese a los muertos y al informe del Defensor del Pueblo, que desmintió la no presencia de armas, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, continúa negando este extremo.

Dentro del mismo caso, la autoridad debió comparecer ayer ante la Fiscalía, en calidad de testigo a las 16:00 horas, pero el abogado de la institución, Marcelo Gutiérrez, presentó un memorial solicitando que se difiera la fecha, dada la agenda de Romero.

Romero no pudo presentarse por el caso Illanes, puesto que estaba en el Chapare, donde cumplió actividades con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que se reprogramó la declaración del Ministro para el lunes próximo, a la misma hora. Según informó el Ministerio de Gobierno, Romero se excusó de declarar porque, además de sus actividades en el Chapare, debe recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Pando.