La crisis económica, el doble aguinaldo pagado hasta la gestión 2015, las exigencias tributarias, los aumentos salariales que se dice compensan los índices inflacionarios y los continuos paros y huelgas son algunos de los factores que han sido determinantes para que muchas empresas medianas y pequeñas se cierren en el curso de los últimos dos años. Existe alarma en las instituciones empresariales y en las entidades laborales ante situaciones de desempleo que amenazan seriamente al país.
Las empresas públicas que cuando no cuentan con dinero recurren al gobierno en pos de préstamos y adoptan medidas para salir de dificultades y no se ven precisadas a reducir personal porque, además, “el partido” no lo permitiría, puesto que ellas son remedio obligatorio de militantes del partido de gobierno que “sagradamente” habría adquirido el compromiso de “dar trabajo a toda su militancia”.
Vivir en zozobra y bajo la amenaza de un nuevo pago del doble aguinaldo -como era la intención del gobierno pero desestimada últimamente- y estar pendiente de posibles conflictos sociales; tener la competencia del contrabando que es pura economía ilegal, atender las obligaciones tributarias no son campos de tranquilidad para los empresarios; son cuestiones que los tienen acorralados o, más propiamente, “contra la pared”. Se dice, muy demagógicamente, que los empresarios “deberían acudir al crédito bancario” para atender sus obligaciones; se hace semejante insinuación porque no se toma en cuenta que la banca exige muchas condiciones para un crédito, cobra excesivos intereses y si no se los paga en su oportunidad se convierten en parte del capital y el empresario que se prestó no tiene otro recurso que elevar precios de lo que produce o de servicios que presta y, lo más grave, anula sus intenciones de crecer, producir más y, si fuera posible, ampliar o diversificar actividades productivas, aunque ante tantas dificultades no puede ni pensar en crear nuevos puestos de trabajo.
Los incrementos salariales, cumplidos elevando costos o con préstamos bancarios generan aumento de aportes al seguro social, a las AFPs y las reservas para casos de indemnización por años de servicio. Pagar un porcentaje, por pequeño que sea, como incremento al sueldo o salario implica adquirir muchas obligaciones que son difíciles de cumplir, pero nada de eso interesa a quienes creen que disponiendo aumentos para evitar marchas, manifestaciones, bloqueos, etc., remedian los problemas que, con actitudes de diálogo y capacidad para enfrentar las dificultades emergentes debería ocurrir.
La medida de cerrar empresas es restar al país fuentes de producción y empleo, causa angustias y problemas en las familias, empobrece el posible empleo porque “hay ofertas” de desocupados que, con tal de tener algún ingreso, aceptan cualquier sueldo o salario. Los empresarios que se ven obligados al cierre o quiebra de sus negocios adoptan dos caminos: venden lo que tienen o, si pueden, emigran fuera del país dejando secuela de problemas. El gobierno tiene que pensar mucho sobre lo que se proponga porque dictar un decreto o disponer “medidas de beneficio social” es simple para teorizar, pero casi imposible para dar cumplimiento ante verdaderas dificultades que es preciso enfrentar.
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