Diputados aprobaron ley que revierte viviendas sociales

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 087, que establece el procedimiento para la recuperación de viviendas entregadas por el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), cuando los propietarios incumplan las obligaciones o desobedezcan las prohibiciones establecidas en el contrato de concesión.

VIVIENDAS

El 6 de agosto, el presidente Evo Morales, en su mensaje anual, informó que entre las gestiones 2006 y 2015 se construyeron y entregaron 70.446 viviendas sociales en todo el territorio nacional, con la inversión de 3.208 millones de bolivianos.

Sin embargo, la autoridad reprochó que algunas personas que se beneficiaron con las viviendas sociales fueron utilizadas para lucro personal.

“El programa de vivienda social es para la gente que no tiene casa. Teniendo una casa va al programa, ese es el gran problema que tenemos, cuando me enteré de eso era capaz de sacarlos, alquilando además caro”, afirmó.

CONTROL

En ese marco, la Cámara de Diputados creó una ley que permite una adecuada fiscalización y control del beneficio de vivienda social.

“Una persona o una familia que nunca haya habitado la vivienda es evidente que no la necesita, o una persona que la haya vendido teniendo la prohibición en el contrato, es evidente que no la requería o que le haya dado un fin diferente al de vivienda para la familia; en esos casos, es evidente que debe recuperarse ese bien y reasignárselo a otra familia que sí la necesite”, precisó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

El proyecto establece también la otorgación de un incentivo de reprogramación de deuda a los beneficiarios del programa que cumplan la función social y que hayan ingresado en mora por causas justificadas.

PROCEDIMIENTO

Según el Artículo 3 del proyecto, la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) emitirá un informe sobre incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de los beneficiarios, al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (Fondesif), que emitirá una carta notariada de intención de resolución de contrato, otorgándole al beneficiario un plazo de quince días para presentar descargos.

Si el beneficiario no desvirtúa el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Fondesif notificará la resolución del contrato y remitirá los antecedentes a la Aevivienda para que ésta proceda a su inscripción en el registro de Derechos Reales, a fin de generar un nuevo asiento que inscriba la titularidad del bien inmueble a su favor. Luego reasignará la vivienda.