Al margen de estar en pleno crecimiento la producción de cocaína en el país, lo último que ocurrió es que ha llegado al “ajuste de cuentas”, es decir que se mata a personas que supuestamente incurrieron en deslealtades u otras faltas parecidas.
El Ministerio de Gobierno confirmó que han aumentado los casos de represalias o castigo entre la gente dedicada al narcotráfico y que la situación no es reciente. Se está cometiendo asesinatos y para ello se está utilizando a gente pagada. Esta gente, a la que se denomina “sicarios”, recientemente mató a 5 personas en una población situada en el departamento de Santa Cruz, entre ellas inclusive al hermano de una exalcaldeza del lugar.
Existe la incertidumbre de si los autores de estos “ajustes de cuentas” son brasileños o bolivianos. La incertidumbre se origina en que San Matías es una localidad fronteriza con el país vecino. Empero, sean extranjeros o nacionales los que están recurriendo a las matanzas, el problema es que suceden en territorio boliviano, de manera que el país aparece involucrado en estas actividades delictivas.
Esto da margen a entender que los delitos son cometidos sin considerar que Bolivia era indemne a este género de hechos de sangre que, obviamente, ponen en tela de juicio la honorabilidad de los bolivianos, pero además la involucra en delitos de tanta magnitud, como si este fuera campo propicio, porque se presumiría que no tiene ni servicios de seguridad que eviten la comisión de estas acciones y, peor todavía, de que la justicia no existe o es inoperante para actuar oportuna y drásticamente contra la delincuencia.
Ello estaría dando lugar a que se incurra en similares acciones en otras poblaciones del oriente del país, pues en Santa Rosa ocurrió también el asesinato de un padre y su hija, supuestamente en el marco de los abominables “ajustes de cuentas”.
Estos sucesos, deplorablemente, tienen su origen en los negocios ilícitos del narcotráfico, lo que demuestra que el país está siendo infestado por este mal que va en aumento.
El problema que origina este panorama de sangre e ilegalidad es una consecuencia de que en Bolivia se sigue cultivando coca, materia prima de la cocaína.
En este sentido, ha sido alarmante que nada menos que una alta autoridad que estuvo vinculada al cultivo de coca hubiera propuesto que se legalice el aumento de cultivos de coca, como si se estuviera hablando de papas o naranjas.
El caso es más alarmante aún por su crudeza, pues planteó que se pueda permitir, en términos legales, el aumento de los cultivos de coca de 12.0000 hectáreas a 20.000. O sea, numéricamente, casi el doble de los mismos, sin considerar que los actuales son ya bastante lesivos para el prestigio del país y el cuidado de la salud social de los bolivianos, así fueren modestos campesinos, convertidos en cocaleros.
Además, es remarcable que hace años hubo una legislación que legalizó el cultivo de aquella cantidad, por el supuesto de que estaba destinada únicamente a la masticación (“acullico”, en aymara”) y a ciertas creencias lindantes con costumbres ancestrales.
Empero, en buena medida, ha sido como abrir las puertas a que el cultivo de la presunta “hoja sagrada” crezca, al margen de las regiones tradicionales, principalmente el Chapare, en el departamento de Cochabamba.
En efecto, actualmente se siembra coca en Caranavi, en las dos provincias yungueñas y en distintos otros sitios del resto del país. Incluso existen informes acerca de que se está utilizando, por este afán de producir la materia prima de la cocaína, parques nacionales, que están consagrados como lugares excepcionales que tiene Bolivia en materia de flora y fauna.
El Ministerio de Gobierno, aparte de limitarse a decir que hubo últimamente “ajustes de cuentas” entre narcotraficantes, debería elevar sus medidas de previsión y represión de este delito, porque es tal desde el momento que se lo cultiva.
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