Controversia en caso Illanes
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, compareció ayer ante la Fiscalía en calidad de testigo, y entre las 20 preguntas que se le hizo, fue cuestionado en relación de los protocolos que Naciones Unidas (NNUU) recomienda a la Policía cuando se da el caso de rehenes, como aconteció el 25 agosto en Panduro, a criterio de la autoridad se cumplió con esta norma y asegura que aclaró la relación de tiempo en las que se aplicó estas medidas.
Las dudas sobre la correcta aplicación de estos protocolos ha sido tema de polémica desde el día que falleció Illanes, debido a que horas antes de que se informe su asesinato, el 25 agosto, el defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que efectivos de la Policía habían hecho uso de armas de reglamento, algo que generó la reacción agresiva de cooperativistas, que durante esa semana bloquearon la vía La Paz-Oruro, en protesta por las modificaciones a la ley minera.
INFORME
Tezanos fue más específico aún en el informe que dio ante una Comisión de la Asamblea Legislativa el 5 de octubre, donde explicó que la institución del orden no cumplió con el protocolo de NNUU sobre conflictos y más aún cuando existe un rehén de por medio, y que el Comando de Policía incumplió los protocolos al no ordenar el repliegue inmediato. “Hay otras evidencias y testimonios que corroboran el extremo del uso de armas letales atribuibles a determinados miembros de la Policía Boliviana”, manifestó.
Al respecto, ayer, Romero aseguró ante los fiscales, que se había dado una explicación clara sobre los procedimientos, pero sobre la polémica de que sí se debió ordenar el repliegue o no de la Policía, el mismo momento que se conoció el secuestro de Illanes, a las 10.30 de esa jornada, señaló que se consideró no hacerlo.
“Yo he respondido que no, porque precisamente los protocoles dicen que (la Policía) no debe retirarse, porque significaría dejarlo desprotegido (al secuestrado) y desde ese mismo momento anular cualquier procedimiento de aplicar un plan de rescate. Entonces, no podíamos desmovilizar a la Policía, cuando se tenía que agotar la evaluación acerca de la posibilidad de un rescate”, declaró Romero a los medios de comunicación a la salida de la Fiscalía, luego de haber dado su declaración informativa ante la comisión de fiscales desde las 9:00 hasta las 13.00 horas.
Fue en ese tiempo, según explicó Romero, que se hizo una revelación de datos con los proporcionados con las imágenes del dron, que se desplegó para precisar la ubicación de los cooperativistas en Panduro y los dispositivos, explosivos, con los que contaban.
Por otro lado, aseguró que en el interrogatorio, la Fiscalía había hecho preguntas “circunstanciadas” en relación al movimiento policial, pero que se debe analizar el tema tomando en cuenta “dos momentos”.
El primer momento es el referido a cuando se ordena asumir una posición estática luego de conocido el secuestro de Illanes, “simultánea a la cancelación del plan de operaciones de desbloqueo”, explicó.
El segundo momento es la orden para reactivar las operaciones de desbloqueo. Romero señaló ante los fiscales, que esas acciones fueron explicadas y tienen su coherencia en tiempo y espacio.
QUINTO IMPLICADO
El ministro Romero aseguró que en su mayoría, su declaración ante la Fiscalía, fue una confirmación de lo declarado en la interpelación que se le hizo en el Poder Legislativo, excepto de algunos elementos resultado de las posteriores investigaciones hechas luego de ese acto.
Entre esos elementos, está la identificación de otro cooperativista que tomo parte en el secuestro de Illanes, quien manejó el vehículo.
También aseguró que los cooperativistas escondieron el robo de una segunda arma al personal que acompañaba a Illanes.
En ese sentido, las investigaciones continúan y la siguiente autoridad que debe declarar es el Defensor del Pueblo, cuya fecha de comparecencia aún no se ha dado a conocer.
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