Recusación a jueces fue rechazada por unanimidad

Vacaciones de Boyán paraliza caso Alexander


Luego de que la recusación interpuesta contra los jueces que llevan adelante el “caso bebé Alexander” fuera rechazada por unanimidad, el proceso vuelve a paralizarse, esta vez porque la fiscal Susana Boyán pidió sus vacaciones y el suplente aduce una recargada agenda para no asistir a las audiencias.

La presidente del tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, a cargo del juicio, informó ayer que la audiencia con la que debía proseguir el proceso, programada para ayer lunes, fue suspendida debido a la inasistencia de varias personas, entre ellas la fiscal Boyan, quien estaría de vacaciones y en su reemplazo se presentó el fiscal Genaro Quenta.

Pese a esto, el fiscal Quenta arguyó tener programado una inspección ocular en otro caso y por la tarde, otra audiencia de juicio, pero se conoció que también anunció que solicitará su cambio en este caso, ya que cuenta con una recargada agenda de trabajo.

Cristian Alanes, abogado de uno de los tres acusados en este caso, afirmó que el juicio debe proseguir, debido a que en la Fiscalía rige el principio de unidad que señala que otro fiscal debe asumir el caso para no paralizar el proceso.

Según la defensa, Boyán había interpuesto una serie de recursos para paralizar el proceso, dejando en indefensión a la parte acusada y ante el trabajo de control que ejercen los jueces, esta arguyó la recusación por una supuesta “enemistada manifiesta”, que dos de los jueces tenían hacia ella, pero la misma fue rechazada por carecer de fundamentos legales.

Según detalló Pacajes, la juez Gladis Guerrero y otros dos jueces técnicos, que analizaron la recusación, y la rechazaron por unanimidad; aunque no se emitió ninguna sanción para Boyán.

Dentro del caso Alexander, figuran como acusados de los delitos de supuesta violación, incumplimiento de deberes y encubrimiento de la muerte del menor de ocho meses, los médicos Sandra M. C. del Hospital del Niño, y Jhiery F. S. del Hogar Virgen de Fátima, además de la enfermera Lola R. O., todos cumplían turnos en ambas instituciones la madrugada del 13 de noviembre de 2014, cuando fue reportado el hecho.

En este caso, no se conoce de evidencia material en contra de ninguno de los acusados y los informes periciales elaborados por el propio Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente de la Fiscalía dejan varias dudas, por lo que se solicitó pericias independientes, hecho que ha sido impedido por la fiscal Boyán, que con recursos legales paralizó el caso.

 
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