Las empresas públicas y su fracaso

Con el cierre de la empresa Enatex, que fue creada a partir de Ametex, se reactiva el rol empresarial del Estado.

Debido a que crear empresas y lograr que sean exitosas es muy difícil, nos preocupa la suerte de las empresas públicas debido a que en ellas se invierte recursos públicos, que pertenecen a todos los bolivianos.

Se debiera crear buenos empleos, además de generar servicios y bienes de calidad a bajo precio, porque el gobierno invirtió los recursos destinados a salud y educación para crear empresas estatales.

Si bien el Estado ha sido un actor importante en el desarrollo económico, son excepcionales los casos en que ha sido exitoso como emprendedor y como administrador de empresas que debieran ser competitivas.

En los últimos años la bonanza en las exportaciones trajo una gran cantidad de recursos y el desafío fue utilizarlos para la transformación productiva, convirtiendo las riquezas naturales, que no son renovables, en capacidades productivas sostenibles. Entre ellas, crear empresas publicas parecía razonable.

Pero lo más razonable era dejar que la gente actuara, entregando la mayor parte de los recursos a la mayor parte de ciudadanos, porque son sus legítimos propietarios; en vez de dejar que un grupo de técnicos y políticos tomen esta decisión tan importante, sobre el manejo y destino de los recursos de los bolivianos.

Hay también otros hechos fundamentales que las empresas públicas deben afrontar para explicar su tendencia al fracaso.

Las empresas públicas tienen al menos tres características que las ponen en desventaja para gestionar recursos y alcanzar los objetivos encomendados.

La primera es que la decisión de invertir siempre suele ser política, es decir que la generación del producto no siempre responde a necesidades del mercado, sino a estrategias políticas. Por tanto en esa decisión hay más voluntad o voluntarismo que una evaluación costo/beneficio, lo que predomina en el campo privado.

En segundo lugar, la asignación de recursos no pasa por filtros competitivos, las empresas estatales no tienen financiamiento sobre la base de un proyecto. Cuando no lo tiene garantizado, lo tiene facilitado por la garantía estatal.

El acceso a esta fuente de financiamiento permite a las empresas estatales evadir la evaluación técnica y garantías. Ejemplo: la exploración petrolera en Lliquimuni, que tiene asegurado el financiamiento del Banco Central.

Y ni qué decir de la relación proletaria y administrador, no depende de la empresa sino de la designación política de cargos, que a su vez se ve agobiada por presiones y conflictos sociales.

Por lo expuesto, se puede ver que las empresas públicas no deben ser evaluadas por sus utilidades, sino por sus efectos en la provisión de ingresos y en la creación de empleo.

Existen casos en los que se plantea la idea de considerar la inversión como generadora inmediata de rentabilidad social, dejando el cálculo de la rentabilidad económica solo a la relación de ingresos y costos de operación. Esta forma de calcular la eficiencia de las empresas lo que se hace es esconder los subsidios y con ello la falta de equidad que suele caracterizarlos.

Ahora surgen opciones que el Estado debe elegir para invertir y esta tarea corresponde a las instancias de planificación del gobierno central o gobiernos regionales.

Sin mencionar que los sistemas de planificación en América Latina y en especial en Bolivia se dieron de baja por el impulso neoliberal, que eliminaba la participación del Estado en la economía.

Además de todo lo mencionado, Bolivia debería pensar en introducir en su política industrial acciones de promoción del emprendimiento, la posibilidad de crear empresas con participación estatal y administradas por el sector privado y fomentar la creación de empresas anónimas. El éxito de estas dependerá en gran medida de otorgar más garantías a los accionistas minoritarios y flexibilizar el funcionamiento de la bolsa de valores.

Concretando aspectos como: no admitir diferencias en eficiencia de empresas públicas y privadas; el Estado debe saber cuándo intervenir; establecer mecanismos de planificación de inversiones públicas; adecuar un marco jurídico para el manejo de las empresas públicas; desarrollar y adoptar políticas industriales novedosas.

La autora es abogada.

Correo Electrónico: nellyritaflores@hotmail.com