La Alcaldía de El Alto y boicot al trabajo eficiente

Desde que la alcaldesa de El Alto logró votos mayoritarios a su favor por parte de la ciudanía alteña, se produjeron hechos contrarios contra el municipio, tanto por el partido de gobierno como de entidades y personas que anteriormente tenían intereses creados en ese municipio.

Se ha hecho evidente que para el gobierno, y mucho más para su partido, quienes hayan sido elegidos gobernador o alcalde en cualquier sitio del país, no merecen el reconocimiento ni el apoyo del gobierno central, política que, en todo caso, está en contra de la Constitución, las leyes y las normas de convivencia que deben reinar en todo el país.

Tanto el gobierno como su partido, podrían responder a preguntas simples siquiera para justificar en algo la conducta demostrada por militantes del MAS en contra de la alcaldesa y el propio municipio como institución que, de una u otra manera, es desprendimiento del gobierno de la nación y es parte ejecutiva para la realización de obras en bien de la comunidad.

¿Qué ley señala que las autoridades del tipo que fueren deben ser del partido que está en el gobierno? ¿Qué ley o quién ha restado derechos a quienes son elegidos mediante el voto por el pueblo? ¿Qué autoridad se siente lo suficientemente capaz como para buscar la defenestración de una autoridad comunal tan solo porque demuestra eficiencia, honestidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes?

La forma desquiciada en que se actuó contra la alcaldía alteña es signo de abuso, arbitrariedad y criminalidad al haber provocado en febrero pasado, el asalto a las oficinas municipales y, además, el asesinato de seis funcionarios de esa repartición. Se dijo que “se hará las investigaciones del caso” y hasta ahora, que se sepa, no hay resultados que hayan sido estudiados, analizados, juzgados y sancionados por los tribunales de justicia.

En estos días, porque no hay contento en intereses creados por parte de quienes están o apoyan al ex–alcalde y sus aliados, se ha realizado un cabildo que buscaba defenestrar a la alcaldesa y poner, por “decisión mayoritaria de cívicos, padres de familia a un nuevo alcalde para que maneje la entidad” y, por supuesto, deje sin empleo a funcionarios designados por la alcaldesa.

Las medidas que se adopte arbitrariamente contradicen a la Constitución y las leyes; están, en toda forma, contra toda norma democrática y atentan contra los derechos de la ciudadanía que votó en elecciones y cuyo resultado se debe respetar y apoyar en todo sentido; de otro modo, se sentaría graves precedentes para que simples “mitines” o “cabildos” decidan el cambio de cualquier autoridad del país. El gobierno, por principio y por ser su deber, tiene la obligación a respaldar y hacer respetar a la alcaldesa que ha demostrado eficiencia, honestidad y responsabilidad en el tiempo que lleva al frente del municipio alteño.