La frecuencia y gravedad de la violencia contras las mujeres en Bolivia está marcando índices mundiales, al punto que la representante de las Naciones Unidas en el país hubiera recomendado al gobierno declarar alerta nacional ante esta alarmante situación.
La representante del organismo internacional, Carolina Taborga, declaró a la prensa que en Bolivia “Creo que hemos llegado a un nivel en el que deberíamos pensar en llamar a los feminicidios (asesinatos de mujeres) una situación de extrema emergencia”, así como se adopta esta medida cuando se producen desastres naturales.
La Ley Integral para garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), aprobada en marzo de 2013, determina que está en manos del Ministerio de Justicia tomar una decisión en ese sentido.
A raíz de la elevada frecuencia de violencia contra las mujeres, Bolivia se ha ubicado en el puesto 11º entre los países con mayores índices de feminicidios en el mundo.
De acuerdo con estimaciones que se realizan sobre la materia, un asesinato de mujer se comete en Bolivia cada tres días, como promedio. El último dato que se registró hasta el 26 de octubre del año indica que se ha cometido 86 feminicidios, debido a los cuales 56 hijos, la mayoría menores de edad, han perdido a sus madres.
En la cuantificación por departamentos, resulta que en Cochabamba se produjeron 24 asesinatos de mujeres, en La Paz 23 y en Santa Cruz 17, en lo que se refiere a las tres regiones principales del país.
La ocurrencia de estos delitos se produce a pesar de que los autores de tales hechos deben recibir 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. En marzo de 2013 se emitió para el efecto la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia.
Al parecer, los esposos o convivientes ignoran tal disposición, a menos que no respeten -como corresponde a cada ciudadano boliviano- la legislación nacional, con mayor razón en lo que atañe a la vida familiar.
En general, se advierte que la violencia contra la mujer, a pesar de ser una manifestación de cobardía, es producto de la falta de una adecuada educación desde la niñez y adolescencia, en los establecimientos de educación, sean públicos y privadas, contra toda actitud de intolerancia, que deriva en violencia.
En el pasado, en el sistema educativo había en las escuelas y colegios la “hora cívica”, destinada, como podrá entenderse, al mejor comportamiento ciudadano. Esta materia ha sido suprimida de los programas educativos, pero en el presente se necesita restablecer la enseñanza de la materia, pero esta vez con la adición de que se instruya también sobre los valores sociales.
De qué sirve abrumar a los estudiantes con las distintas materias del conocimiento general, cuando no se presta atención a la necesidad de que sean también buenos ciudadanos y mejores padres y madres de familia.
Este tipo de educación tiene mayor urgencia que el resto, porque de ello depende la conformación de la sociedad, la que tiene que ver no solo con los derechos sino también con los deberes. Y el principal de éstos es que se prevea la protección de la familia, que es la célula primigenia de todo pueblo organizado.
La protección de la familia implica el respeto recíproco que debe haber entre los esposos y convivientes, de manera de dar el ejemplo a los hijos para que tengan igual comportamiento cuando les corresponde ser tales.
En definitiva, la educación básica es la que atañe a la familia, a la sociedad, y después a los conocimientos. Al menos, esto es lo que está demandando la buena constitución social de los pueblos.
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