ANP observa citación a periodistas en caso muerte de minero Aparaya

El Ministerio Público convocó al director de la radio Fedecomin, Moisés Flores, para que preste declaración informativa en calidad de testigo en relación al asesinato del minero cooperativista Rubén Aparaya Pilco, suscitado el 25 de agosto pasado por arma de fuego, sin embargo, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia reaccionó y recordó a la Fiscalía que el trabajo periodístico está legislado y no se pueden vulnerar garantías que son de carácter internacional.

En el caso de Flores, esta es la segunda convocatoria de la Fiscalía, ya que le viernes 26 de agosto, un día después de que fueron asesinados Aparaya y el viceministro Rodolfo Illanes, este acudió a un llamado telefónico que le hicieron para que declare sin haber sido notificado con documento alguno.

En esa fecha, la ANP también intervino y el representante jurídico se presentó junto con Flores, pero mientras la declaración se desarrollaba, las instalaciones de la Radio Minera eran allanadas y se secuestraba sus equipos que hasta la fecha no han sido devueltos, sin siquiera saber qué es lo que busca la Fiscalía.

Sobre la citación de ayer, la ANP envío un memorial al Ministerio Público junto a la resolución que emitió la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), recordando los derechos que protegen el trabajo de los periodistas.

En dicha resolución, la SIP recuerda a las autoridades judiciales de Bolivia que los trabajadores de la prensa “no pueden constituirse en testigos en procesos judiciales porque ello los inhibe y obliga a su autocensura en la cobertura de conflictos y otros hechos noticiosos.  Salvo en situaciones en que la vida de una persona se encuentre en riesgo, los periodistas deberían abstenerse de entregar información y material protegido por el secreto profesional”.

La organización emitió ese pronunciamiento a propósito de los hechos de violencia, registrados en agosto pasado, durante el conflicto entre el Gobierno y el sector cooperativista, que derivó en agresiones a tres periodistas, fotógrafos y camarógrafos de televisión.

En los hechos de agosto perdieron la vida un total de seis personas (cinco mineros y el entonces viceministro Rodolfo Illanes), cuyas muertes aún no fueron esclarecidas a plenitud, aunque al momento hay 14 detenidos preventivos pero solo por el deceso de la exautoridad gubernamental.

El periodista Flores cubrió esos hechos de violencia y fue el primero en reportar la muerte de Illanes al atardecer del jueves 25 de agosto.

Por otro lado, la ANP denunció que la citación al periodista fue entregada solo con tres horas de anticipación, cuando la norma jurídica establece un plazo mínimo de 24 horas. 

 En ese sentido, “desde hace algún tiempo hemos venido observando algunas vulneraciones al trabajo periodístico, pretendiendo aprovechar de la labor de los comunicadores para sostener algunas investigaciones policiales, lo cual nos parece no sólo desagradable sino un franco atropello al secreto de fuente consagrado por el artículo 8 de la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925”, expresa el memorial de la ANP.