Detención domiciliaria para excomandante de FFAA

El juez Segundo de Instrucción Anticorrupción, Alan Zárate, determinó la detención domiciliaria para el excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Omar Salinas, y del exresponsable de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Ejército, coronel Winston Celis, por el caso “puestos militares”.

Sin embargo, una vez dictada la resolución, el fiscal Anghelo Sarabia presentó el recurso de apelación contra esta determinación, a la que calificó de “prevaricadora”, en relación a los riesgos procesales del general Salinas.

12 HORAS

Después de casi 12 horas de audiencia, Zarate determinó detención para Salinas y Celis y señaló que estos deben cumplir con la presentación de dos garantes solventes, el pago de una fianza de Bs 50 mil, además de que ambos cumplan la detención domiciliaria con dos custodios.

En ese sentido, la defensa de ambos imputados también presentó el recurso de apelación, en relación a que es imposible la designación de custodios policiales, toda vez que, con base a resoluciones anteriores, en otros casos, este requisito fue modificado, al existir una determinación de Régimen penitenciario, que señala que no existe uniformados disponibles para cumplir con esta labor.

Zarate señaló que no podía modificar la resolución, porque era una observación de fondo y que la misma debía ser modificada, si así lo consideran en un tribunal de alzada.

“PREVARICATO”

Pero la apelación más controversial fue la que presentó el fiscal Sarabia, en el marco de la complementación y enmienda, que pidió al juez Zarate que explique porqué en una parte de su resolución indica que Salinas no acreditó domicilio conocido, pero le otorga la detención domiciliaria, desconociendo el lugar donde ésta debe cumplirse.

En efecto, Salinas presentó documentación en la que señala que habitaba un domicilio en Cochabamba, pero estos documentos fueron rechazados por el juez, por lo que dejaba latente el riesgo de fuga.

A su turno, el juez Zárate, de manera breve, señaló que Salinas deberá cumplir la detención domiciliaria en la ciudad de La Paz en un domicilio “X”, que deberá ser verificado por los investigadores, dando lugar a la apelación de Sarabia.

DELITOS

Los militares fueron imputados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Si bien se maneja la versión de corrupción en la firma de contratos para la construcción de nueve puestos militares con pagos adelantados, la Fiscalía solo imputó a los militares por los convenios “Gastón Velasco” e “Ixiamas”.

INCIDENTES

Una de las razones para que la audiencia se extienda por más de doce horas, fue la presentación del incidente por aprehensión ilegal que interpuso la defensa de ambos imputados, aseguró que la aprehensión se registró de forma “ilegal” y además denunció que hay contradicciones y falta de fundamentación en la imputación. Pero el recurso fue rechazado por el juez Zárate.

Desembolsos

Cuando Salinas fungía como Comandante del Ejército desembolsó recursos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” para la construcción de nueve puestos militares y otorgó un anticipo del 20% por cada puesto, totalizando Bs 3,8 millones, a la Empresa Accidental Integración del Chaco.

Una vez iniciado la ejecución de las obras, Ernesto Ayoroa, uno de los representantes de la empresa, indicó que la constructora incumplió los contratos tras no poder continuar con las construcciones, pero los jefes militares extrañamente no cobraron las pólizas de garantía para recuperar los recursos desembolsados, ocasionando un daño económico al Estado de Bs 5,1 millones.  

Además, en un audio mandado a grabar por Salinas, se puede oír al coronel Celis dirigiendo una reunión con otros dos implicados en el caso, el teniente coronel Julio Calvi y el representante de la constructora Ernesto Terán, pidiéndoles que devuelvan parte del dinero anticipado que se repartieron de forma irregular.

Calvi está prófugo y Terán está recluido en la cárcel de San Pedro.

Salinas, en su defensa, alega que el responsable de estos hechos irregulares es el general Fernando Zeballos, excomandante del Ejército. Zeballos está recluido preventivamente en el penal de San Pedro.