¿Ni una menos?

Según datos del Observatorio de la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, en los dos primeros meses correspondientes a la gestión 2016 se cometió 20 feminicidios; las dramáticas cifras no hacen más que demostrar una supuesta lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres reflejada en papeles (leyes, decretos y fotos para la posteridad), pero que en la realidad distan mucho en reflejar una auténtica voluntad política por parte del Estado en todos sus niveles para afrontar seriamente este flagelo social que extiende nuestras fronteras. A diario quedamos pasmados con casos tan aberrantes como el de la joven argentina Lucía Pérez, que lamentablemente terminó drogada, violada y empalada.

Según un estudio realizado por el Centro Gregoria Apaza, seis de las nueve gobernaciones del país reportaron inversión “cero” en la lucha contra la violencia de género durante el año 2015, el presupuesto para la lucha contra este flagelo social fue del 0,22% del presupuesto total de su inversión y el 1,05% del total de los recursos del IDH para Seguridad Ciudadana, que no se ejecutó, pues de 26 millones de bolivianos provenientes del IDH para la construcción y el mantenimiento de casas de acogida; solo se gastó Bs. 1.044.844 lo que representa apenas el 4 % de inversión. A nivel municipal la ejecución presupuestaria global de los recursos destinados a la lucha contra la violencia fue del 47% y muchos municipios también registraron inversión “cero”. De un presupuesto de Bs 114,5 millones los municipios sólo invirtieron Bs. 53.8 millones.

En el Nivel Central las cosas tampoco varían, si bien es cierto que fueron realizados varios esfuerzos normativos, como la puesta en vigencia de la Ley Nº 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, las responsabilidades que emanan de dicha disposición jurídica, no encuentran ninguna correspondencia con la capacidad instalada en el Ministerio de Justicia para asumir el rol de Órgano Rector en la lucha contra la violencia. Al respecto, bastará referir que la Dirección especializada en la lucha contra la violencia de género cuenta con escasos recursos humanos, técnicos y financieros.

Todo ello confirma la inexistente voluntad política para asignar recursos económicos y la estructura logística correspondiente para la efectiva aplicación de la Ley Nº 348. En este contexto, el discurso “Ni una Menos” sin presupuesto resulta tan banal y patético que el rol estratégico del Estado termina siendo asumido por la cooperación internacional.

Ante esta dramática realidad, la sociedad civil y la misma cooperación a la par de organizar lujosos viajes al exterior para congraciarse con los políticos y canalizar recursos económicos, tienen también la obligación de exigir el cumplimiento de la asignación presupuestaria que de manera obligatoria le corresponde al Estado y esto se puede lograr a través de la interposición de una Acción de Cumplimiento; el no hacerlo implica cierta complicidad con la indiferencia estatal en la efectiva lucha contra la violencia hacia la mujer.

Así las cosas, acostumbrémonos a que los políticos continúen asistiendo a foros internacionales sin ninguna preparación técnica, así como a grandes y dudosas inversiones en palacios, edificios, alfombras, muebles lujosos, etc., con el consiguiente despilfarro de recursos económicos que debieron destinarse a la implementación del Ministerio de Asuntos de la Mujer, conforme recomendó la CEDAW a Bolivia.

El autor es Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.