Persecución política

Las reiteradas denuncias de persecución política formuladas por la oposición, no parecen carecer de veracidad por su frecuencia y blanco fijo en las principales figuras contrarias al Gobierno. No se trata de apresamientos sin figura de juicio, como era corriente en los gobiernos de facto, sino de lo que se viene llamando “judialización de la política” o la instauración de procesos que los denunciados los atribuyen a delitos imaginarios, inventados o forzados. Ya no es extraña la expresión “sembrar” delitos y pruebas contra quienes se desea ver entre rejas.

En estos casos el Gobierno sostiene que no se trata de motivos políticos, sino de malos manejos o corrupción en anteriores administraciones. También se cuestiona determinados manejos para favorecer a amigos, militantes partidistas afines o simplemente allegados. Este sería el caso Focas, Formación de Capital en Áreas Secundarias, atribuido a líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, cuando era ministro de Planificación hace casi 30 años.

La propensión del actual Gobierno a iniciar juicios de la indicada naturaleza, parece originarse en considerar que quienes no están con él son enemigos del régimen. Se hace actual la sentencia: “el que no está conmigo, contra mí está” y también “los amigos de mis enemigos, son mis enemigos”. Por otra parte, en nuestros días el oficialismo tiene en contra su idea fija de repostulación presidencial el 2019, dando la impresión de procurar deshacerse de los presuntos competidores electorales para lo que pone en funcionamiento los dóciles aparatos del Ministerio Público y la Justicia.

Tales procedimientos -por su número y frecuencia- hacen ver como castigo político más benigno el exilio al extranjero o el confinamiento a lugares remotos del territorio que ponían en práctica los gobiernos de facto, o por otros que se les parecía, si se compara con los procesos judiciales en cantidades crecientes contra los opositores. En esta gama se puede citar uno de los casos de más de 7 años contra el ex prefecto Leopoldo Fernández; el gobernador Rubén Costas, 20 juicios; el ex prefecto Ernesto Suárez, 30 juicios; el alcalde Luis Revilla, 20 juicios; Leyes, burgomaestre de Cochabamba; el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, sin omitir al senador Roger Pinto, en cuyo procedente refugio en Brasil se valoró seguramente los numerosos procesos instaurados por el oficialismo. A los anteriores se suman muchos auto exiliados por causas políticas.

En la situación judicial que confronta el jefe de UN, ha causado extrañeza la anotación preventiva de sus bienes, afectando inclusive a los de sus familiares, medida que ha sido calificada como abuso de poder. Doria Medina emprendió viaje a Washington para denunciar persecución ante la OEA y sus organismos de Derechos Humanos. El hecho en cuestión ha movilizado a parlamentarios de su partido para denunciarlo internacionalmente comenzando por el Congreso del Perú y con el propósito de similar acción en Argentina y Brasil.