La creencia equivocada de que “la política lo permite todo”, da lugar a que las confrontaciones sean permanentes entre partidos políticos y sus militantes. El sentimiento de que el poder da derechos para pensar y disponer a capricho de lo que se consigue en el ejercicio del mismo, es, simplemente, demagogia, populismo e irresponsabilidad. No aceptar la vigencia de la política partidista contraria a lo que hace un partido político en el poder, es dictatorial porque es desconocer derechos inalienables que tiene el ser humano de pensar libremente, de criticar, convenir, concertar, aprobar o desaprobar.
La función político-partidista, en el buen entender de lo que es y debe ser el servicio al bien común que es el pueblo, no puede tergiversarse por intereses o conveniencias personales. La política es servicio, es entrega, es participación honesta y responsable en el examen de toda circunstancia en que vive el país y, por ello mismo, es vital que esté revestida de normas morales que en la práctica sean valores y principios que deben regir la vida de los hombres y, mucho más de instituciones como tienen que ser los partidos políticos.
Vivimos una década y meses de vigencia de un partido de gobierno que asumió las riendas del país el año 2006 con claros propósitos y debido a resultados legales y legítimos de las elecciones del año 2005 y, a partir de esos resultados, se creía que habrían acciones, actitudes y conductas que cambien algunas viejas estructuras para que desaparezcan los complejos, las acciones menudas de la política, los males de la corrupción, la inconducta en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Se creyó, casi firmemente, que la asunción al poder de un indígena originario implicaría rechazo a antagonismos que ocasionaron malos procedimientos del pasado en que hubo discriminación y en casos maltrato a una parte de la población; pero, los hechos han comprobado que las políticas de cambio implicaron hacer lo mismo o peor de lo que algunos miembros de gobiernos anteriores habían ejercitado y que los cambios se referían solamente al cambio de partido, de personas con poder y de un ejercicio autoritario del gobierno.
En democracia, hay un principio a practicarse y es el respeto que, acompañado de consideración y humildad, debe ser el reconocimiento de los derechos ajenos, de una colectividad que no siempre puede vivir estereotipada con quien gobierna o ejerce los poderes máximos de la nación. Vivir en democracia es respetar y considerar a los que piensan diferente en un marco donde todos, con poder o sin él, son hijos de la misma patria; que los beneficios que otorgan las leyes son aplicables a todos sin discriminación alguna; que la justicia -honesta y responsablemente administrada por jueces probos y dignos- debe ser aplicada con altura, ecuanimidad, decencia, moralidad, grandes dosis de honestidad y honradez.
La oposición en política es un derecho, una cualidad de vida, una institución digna de respeto y no puede ser negada arbitrariamente porque no se piensa igual que el gobierno ni se obra del mismo modo. La política partidista tiene la misión de disentir, contrariar, contrarestar, reconvenir o convenir según los hechos y las circunstancias con los debidos respetos; el ejercicio político es un derecho irrenunciable y tiene que ser respetado por políticos con poder que, con seguridad, también exigen respeto de la oposición político-partidista que exige, con pleno derecho, respeto y consideración por parte de los que tienen poder y, a su vez debe respetar y considerar al partido de gobierno.
Lo lamentable es que la acción política que no está en el gobierno es penalizada en nuestro país porque está sujeta a que, por cualquier motivo, razón o sinrazón sus dirigentes son sometidos al arbitrio y criterio de fiscales que los inculpan y los colocan en situación penal con juicios de toda naturaleza. Penalizar la política partidista corresponde cuando se comprueba que ha incurrido en faltas o delitos, en violaciones constitucionales y legales, cuando se ha atentado contra los derechos humanos y cuando se ha promovido acciones contrarias a la vigencia de la democracia, las libertades y la justicia. Quienes creen que militar en un partido opositor es un delito, contradicen verdades indiscutibles porque la política partidista es ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión y no puede coartársela.
Si no hay respeto entre las distintas fuerzas políticas -estén en el poder o en el llano- y no hay reconocimiento a sus derechos constitucionales, no hay democracia ni libertad y no existen condiciones para el diálogo y el entendimiento que deben ser normas de vida entre ellos. Los políticos, estén en el gobierno o no, por elemental respeto a sí mismos y al pueblo al que se deben, están obligados a actuar civilizadamente, respetando valores y principios que ellos, sin distinción alguna deben cumplir.
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