Justicia para todos

La justicia es considerada como un valor (axiológico), un ideal, una razón social. Entre sus principios que vienen desde la antigüedad greco-romano, está que debe ser para todos sin exclusiones, pues en caso contrario deviene en injusticia y por ello Themis es la diosa de la justicia, y está representada por una dama que en una mano tiene una espada, en la otra una balanza y tiene una venda que le cubre los ojos, significando que la justicia no debe ver a quienes juzga, sino que debe ser igual para todos, sean ricos, pobres, poderosos o simples ciudadanos.

Resulta que en nuestro país y en estos tiempos de gobierno populista de izquierda, la administración de justicia ha sido sometida al poder político y en consecuencia, la política ha sido judicializada, como lo propuso el vicepresidente ya en el año 2006, de tal manera aque una es la justicia para los de arriba (entiéndase a los que están en el gobierno) y otra a quienes son críticos u opositores al régimen.

Cuando la justicia es convertida en un simple aparato de represión política, como sucede en los regímenes afiliados al socialismo del Siglo XXI (de los que ya sólo quedan pocos), deja de ser “justa” y se convierte en órgano de justicia “injusto”. Son muchos los casos en los que ciudadanos críticos del régimen han sido o están enjuiciados, como ex autoridades que fueron favorecidas por el voto para ejercer labores en los gobiernos departamentales o municipales, y fueron víctimas de la represión política judicial, como el ex prefecto de Pando que estuvo varios años privado de libertad, el ex prefecto de Cochabamba, o que luego de sus gestiones han sido enjuiciados con decenas de procesos fabricados para silenciarlos o que dejen el país en calidad de exiliados, lo mismo que otros ciudadanos, dirigentes cívicos, empresariales o políticos, incluyendo algún senador.

Es que estos regímenes autoritarios no comprenden que en democracia, se tolera a quienes tienen opiniones y acciones distintas a las de quienes ejercen al poder político de un Estado.

A contrario sensu, los oficialistas o funcionarios del gobierno, cuando han sido enjuiciados, han recobrado prontamente su libertad, como el caso de un administrador de la hoja de coca, que no pudo justificar el destino de miles de dólares, u otros que demandados fueron exculpados por los fiscales negando o rechazando las demandas, determinando la impunidad de sus actos.

Quince juicios al jefe de un partido político de oposición y segundo en votación en las anteriores elecciones, varias demandas al ex prefecto y gobernador del Beni y otros dirigentes políticos de partidos de oposición. Juicios a comunicadores y periodistas por ejercer su derecho de expresión y opinión.

Las contradicciones del régimen son tan notorias, que el vicepresidente declara que el señor Doria Medina está siendo enjuiciado por haber transferido recursos del estado sin autorización del órgano legislativo, cuando es este régimen el que permanentemente ha destinado recursos públicos y particulares sin respaldo legal alguno, como vehículos a organismos sindicales, inmuebles, maquinarias, pasajes y viáticos a sus adherentes para que asistan a eventos en el exterior, en un manejo discrecional de recursos públicos.

Los recursos públicos deben ingresar al Tesoro, ser presupuestados, ejecutados y luego fiscalizados, además deben responder a planes y programas establecidos, lo que no ocurre y en consecuencia constituyen incumplimiento de normas fiscales.

Se ha dispuesto la cárcel para el abogado de la señora Zapata, por supuestos delitos que tienen que ver con su libreta de servicio militar y su título profesional, pero nada dice la justicia sobre el título inexistente del vicepresidente y de su libreta militar. Se enjuicia a la hija del ex presidente Banzer por haber movido varios miles de dólares en cuenta bancaria, pero se libra de toda culpa a la señora Zapata, que también movió miles de dólares en su cuenta bancaria y se determina que no hubo enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, sin considerar las sumas de dinero que manejó esa joven que fuera pareja del presidente del Estado.

Todo esto es resultado de haberse liquidado la institucionalidad del Estado y en el Estado, en un grave retroceso que afectará a las generaciones futuras.

El autor es abogado y politólogo.