Octubre negro

En octubre de 2003, no fue la primera vez que se hace caer a un gobierno desde las calles, por movimientos interesados en tomar el poder. Es un proceso recurrente en la historia de Bolivia. Quizá el más dramático fue el derrocamiento del Gobierno del presidente Gualberto Villarroel, cuando fue asesinado en el movimiento subversivo. Por eso es que el presidente Evo Morales califica a movimientos populares que se producen en su contra, como intentos de desestabilizar a su Gobierno.

El derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó con la sublevación de una unidad de la Policía, cuyo cuartel se encuentra a una cuadra del Palacio de Gobierno, lo que ocasionó un enfrentamiento con un destacamento del Ejército. Después hubo una emboscada en Warisata a una caravana de turistas resguardada por la Policía y finalmente una revuelta localizada en la ciudad de El Alto. El motivo era evitar que se lleve el gas hasta un puerto chileno para ser licuado y luego transportado al mercado de Estados Unidos.

En los hechos la ciudad de La Paz se encontraba sitiada, con los revoltosos tratando de evitar que llegaran los bienes y servicios que necesitaba para que sus habitantes desarrollen sus actividades diarias. Dentro de la ciudad había grupos de choque que amedrentaban a los ciudadanos, en especial a los que usaban terno y corbata. El enfrentamiento con las fuerzas del orden produjo muertos. La mayor cantidad de ellos se produjo en el ataque a un convoy de camiones cisterna, protegido por fuerzas militares, que el Gobierno quería hacer llegar a La Paz para abastecer a las estaciones de combustible. El líder aparente de la revuelta fue Felipe “Mallku” Quispe, quien declaró que no se sentía boliviano. El resto del país se encontraba a la expectativa de lo que sucedía en La Paz/El Alto, sin tomar ninguna acción ni a favor ni en contra.

El presidente Carlos Mesa, que reemplazó al presidente derrocado, fue también obligado a renunciar por los mismos movimientos políticos que propiciaron su ascenso. Tampoco pudieron acceder a la presidencia el presidente del Senado Ormando Vaca Diez y el presidente de Diputados Mario Cossío, como señalaba la línea de sucesión, de acuerdo con lo que estipulaba la Constitución, no obstante que para salvar el régimen de los partidos tradicionales, el Congreso creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que aumentaba significativamente la participación del Estado en la renta de los hidrocarburos.

Asumió como presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien llamó a elecciones, en las cuales ganó el actual presidente Evo Morales Aima, por más del 50% de los votos. Otras dos elecciones y un plebiscito le dieron el poder ejecutivo (con más del 60 % de los votos) por un periodo de 14 años (están pasando 11) y la captura de los poderes Legislativo, Judicial, Electoral (quizá exceptuando la última corte electoral) y la Contraloría. El Gobierno hizo una nueva constitución y fundó el Estado Plurinacional de Bolivia.

Todo esto significó un “proceso de cambio”, pasamos de una república imperfecta a un Estado fallido. Se perdió la democracia (aunque imperfecta) que tenía Bolivia desde 1983. Con los poderes Legislativo y Judicial subordinados al Poder Ejecutivo se estableció una dictadura democrática. El Gobierno usa el Poder Judicial para perseguir a sus opositores y proteger a sus autoridades de las acciones ilegales que realizan.

Con el Poder Judicial maleado se perdió el Estado de Derecho. Los actos de corrupción en que incurrieron las autoridades del Gobierno no tuvieron en ningún caso la aplicación estricta de la ley, condenando a los verdaderos culpables que la infringieron. Los casos Rózsa de separatismo y Leopoldo Fernández de masacre a campesinos ya llevan siete y ocho años en que no ha habido una sentencia, con pruebas que demuestren la culpabilidad de los acusados. Ha habido numerosos casos de fiscales que fueron suspendidos y en algunos encarcelados por incurrir en actos dolosos. Lo mismo ha sucedido con miembros de la policía. Los avallasamientos a propiedades mineras, agrícolas e inmobiliarias son también una muestra del quebrantamiento del Estado de Derecho. La institucionalización de los bloqueos a las carreteras y vías públicas como medios de conseguir atención a exigencias particulares, es reemplazar el estado de derecho por las acciones de hecho, vulnerando el derecho de otras personas.

El autor es ingeniero civil y

docente de la UMSA.