Corrupción en las Fuerzas Armadas debe ser confirmada por auditorías

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, ante las acusaciones y procesos instaurados a excomandantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA), por supuestos hechos de corrupción, aseguró que son las auditorias las que deben confirmar si se realizó o no el ilícito.

“Lamentablemente, (la) corrupción siempre hubo, pero en la historia de Bolivia hoy tenemos 23 generales presos con este Gobierno y se está luchando con la corrupción”, dijo.

Sostuvo que antes no existan recursos económicos en las Fuerzas Armadas, sin embargo, ahora que este sistema se mueve con recursos del Estado hay gente que ha caído, por ejemplo, el caso barcazas y puestos militares.

Aseguró que en la actualidad, no se hace ninguna contratación si no se evalúa el Decreto Supremo Nº 181 de Normas Básica Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

La Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) hasta el momento registró seis grandes hechos de supuesta corrupción, que han ocasionado un millonario daño económico al Estado.

Entre los cuales se registran compras irregulares de accesorios para aeronaves, denuncias de compras observadas de inmuebles y equipos, empresas quebradas e incumplimiento de contratos, donde se han visto involucradas importantes autoridades militares de los tres estamentos: Ejército, Naval y Fuerza Aérea (FAB).

La compra irregular de motores por parte de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que compro motores mediante un proceso de excepción, procedimiento que va contra de la norma; además adquirió dos aviones chinos de forma directa y no de acuerdo al procedimiento; entre otros de esta misma instancia, resalta la compras de repuestos y llantas para la FAB con un sobreprecio de un millón de dólares y también por contrato por excepción.

Por otro lado, el conflicto de los puestos militares fronterizos del Ejército, que se adjudicó la construcción de los nueve puestos militares en 2013 a la empresa integración del chaco; la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE), que provocó un daño económico considerable; y por ultimo uno de los más polémicos, el caso de la compra de las 16 barcazas chinas y dos empujadores con un costo de 28.9 millones de dólares.