En los últimos años se advierte que las tributaciones públicas y privadas han aumentado sin tasa ni medida. Se adquirió la mala costumbre de crearlos en todo y para todo, de manera que el público en general es virtualmente extorsionado sin reparo alguno.
Se tenía establecido que sólo el Poder Legislativo los podía crear para aplicarlos en todo cuanto fuera referido a la administración del aparato estatal. Pero esto ha cambiado y ahora cualquier organismo público o privado establece imposiciones para fines operativos y funcionales.
Sería muy necesario que tanto las autoridades gubernamentales como las legislativas se ocuparan de prestar atención a este asunto, para poner las cosas en su lugar.
No es posible que siga el libre albedrío en cuanto a imponer cobros, inclusive en casos tan nimios, como ocurre actualmente. La población mayoritaria del país no está en condiciones de poder cubrir obligaciones que exceden sus posibilidades económicas.
Más bien, lo conveniente sería que estos centros de estudios, como son las fundaciones privadas y otras organizaciones similares, realicen estudios sobre las tantas imposiciones impositivas que se ha establecido en el país en los últimos años.
De esta manera, podrían ser enumerados y sobre esta base realizar los cálculos finales correspondientes. Con ello disponerse de un documento demostrativo de cuánto han aumentado las exigencias para la prestación de servicios y otros.
De darse esta eventualidad, se podrá apreciar que la cuestión impositiva se tornó en agresión a la economía de la ciudadanía, pese a que ésta, en buen porcentaje, no tiene trabajos permanentes. Otros lo hacen en la informalidad, pero nunca les falta el cobrador de alguna obligación impositiva.
Es de insistir que el Órgano Legislativo haga conocer una declaración sobre los impuestos legítimamente establecidos y que el resto es una forma arbitraria de esquilmar a la población y que, por tanto, los anule, por lo menos en aquellos casos que pueda identificar fácilmente su autoría.
La cuestión es acabar con estos excesos contra la economía de la ciudadanía.
Y ésta, a su vez, debe ejercer resistencia para no seguir siendo víctima de las tributaciones que no tengan origen legal o que, en oportunidades específicas, no gocen de la debida autorización legislativa.
En cuanto a las cuotas de las que disponen discrecionalmente algunas instituciones y organizaciones sociales, es hora de detenerlas. En casos en que los directorios respectivos dispongan el cobro de cuotas entre sus miembros o dependientes, la imposición de cuotas debe contar con la autorización firmada de por lo menos el 50% de sus afiliados o asociados.
En definitiva, hay que poner fin a los excesos que se tiene con impuestos creados a voluntad de alguna autoridad, así como reducir al mínimo las cuotas que se exige a capricho en el orden privado.
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