Banco Mundial recomendó al Gobierno cuidar el gasto

El Banco Mundial recomendó al Gobierno de Evo Morales de adoptar políticas de austeridad y dijo que las autoridades debieran prestar atención a la “calidad del gasto público”, aparte de atraer la inversión privada y extranjera, y diversificar la economía, según recomendó ayer el representante del Banco Mundial (BM) en Bolivia, Nicola Pontara.

El Gobierno anunció en el proyecto de Presupuesto 2017, que invertirá el próximo año alrededor de $us 6.000 millones, sin considerar el sostenimiento que se les proporciona a las empresas públicas. Mientras, el gasto corriente será Bs 119.224 millones, mayor en 1.4 por ciento respecto de la gestión en curso, que estableció Bs 117.000 millones. O sea, austeridad oficial no habrá.

TRES ASPECTOS

En criterio del representante del Banco Mundial en Bolivia, el Gobierno debe cuidar tres aspectos: “Primero, sería importante prestar atención en este periodo difícil de “vacas flacas”, la calidad del gasto público; segundo, a la necesidad de diversificar la economía; y tercero, no solamente impulsar el crecimiento de la economía a través de la inversión pública, sino atrayendo al país la inversión extranjera y estimulando la nacional”, detalló Pontara en declaración a EL DIARIO.

ANALISTA

Por su parte, el analista financiero Alberto Bonadona estimó que el “déficit (fiscal) estará bordeando, aproximadamente, entre los Bs2.000 a Bs2.500 millones”, precisó en declaraciones a este matutino.

PRESUPUESTO

En cuanto al déficit fiscal, que subirá a 7.8% en la siguiente gestión (para este año se proyectó un déficit de 6.9%), el ministro de Economía, Luis Arce, justificó dicha cifra, señalando que “viene por el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla una agresiva inversión pública y que está siendo financiada por el ahorro de años anteriores y financiamiento externo”.

El déficit fiscal es resultado de la diferencia que existe entre ingresos y egresos o gastos, y que deberá ser cubierto con crédito o mayor endeudamiento.

En este sentido, el próximo año y según el proyecto de Presupuesto, que envió el Gobierno a consideración de la Asamblea Legislativa, el pasado 26 de octubre, los gastos llegarán a 20.550 millones de bolivianos, de los cuales la administración central demandará un 1.5%, las entidades autónomas y universidades 7.9%, Gobernaciones 2.4%, municipios 4%, la seguridad social 0.8%, y las empresas públicas 0.6%.

PREOCUPACIÓN COMPARTIDA

Con ese nivel de brecha fiscal, “si no tuviéramos Reservas Internacionales Netas (RIN), el gobierno de Evo Morales ya estuviera pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)”, comentó el exministro de Economía y de Hidrocarburos Herbert Müller, para quién el nivel al que llegará el déficit fiscal el próximo año es “altamente preocupante” para las finanzas públicas y la propia estabilidad económica del país.

Ante esta situación, resulta insólito que el Prespuesto de 2017 tenga el crecimiento del déficit fiscal en el 7,8%, pese al aumento de la deuda externa.

CRECIMIENTO

En el proyecto de Presupuesto 2017el gobierno fijó que la economía crecerá 4.8%. Al respecto Pontara señaló que el BM proyectó una tasa de crecimiento del PIB, para toda América Latina, de solo 1.8% para el 2017.

“Bolivia está creciendo más rápido que otros países de la región y eso es destacable”, apuntó el representante del organismo internacional.

ATERRIZAJE SUAVE

Está claro que el escenario económico internacional no es fácil para muchos Estados, no sólo en América Latina, sino también en el mundo, pero a pesar de una coyuntura difícil, Bolivia está marcando distancia y lo hace con las reservas internacionales, parcialmente “ahorradas en el periodo de vacas gordas, y ahora que tenemos las vacas flacas, puede realizar un aterrizaje suave (en lo económico) lo que otros países en la región no han podido hacer, a esos países los vemos sufriendo en términos de crecimiento económico”, concluyó Pontara.

El proyecto de presupuesto 2017 prevé la inversión pública de Bs 6.189 millones, sin participación de las empresas públicas del Estado.