Empresas públicas abonan muy poco de sus deudas

Mucho se dice sobre la “rentabilidad” de las empresas públicas que son del Estado y que están bajo la administración del gobierno; sin embargo, todo muestra que YPFB, Comibol, ENDE y Easba no podrían subsistir sino es con ayudas financieras. Según informes pormenorizados del Banco Central entre enero y agosto del presente año, se ha otorgado créditos por un total de 5.044 millones de bolivianos.

Las cifras son terminantes y muestran que, por ejemplo, YPFB debe Bs. 12.563 millones, ENDE Bs. 12.275 millones, Comibol, con cuatro contratos concesionales llega a Bs. 5.375 millones y el Ingenio Azucarero de San Buenaventura Bs. 1.832 millones. Las cifras totales son alarmantes y muestran, de hecho, que esos dineros deben provenir de las reservas internacionales del país. Lo extraño es que el conjunto de empresas ha cancelado entre enero y agosto tan sólo el 4.2% de los 5.044 millones prestados o sea 212 millones de amortización por intereses.

El problema es grave y es una demostración de que las cuatro entidades no funcionan dentro de parámetros de eficiencia, eficacia y rentabilidad. Nada raro sería, como ha ocurrido muchas veces en la historia de las empresas del Estado, que sea éste el que, más temprano que tarde, absorba esas deudas con el riesgo de que, en poco tiempo más recurran otra vez a las arcas del Estado para hacer frente a sus gastos de operación.

Vivimos tiempos de crisis muy grave, pese a que las autoridades económicas informan que nuestra situación “es bonancible y podemos soportar las consecuencias de la crisis”. Esta explicación no debería ser motivo para que las empresas mencionadas no cumplan con sus compromisos y paguen lo que deben en los plazos establecidos y, además, con los intereses debidos porque debe entenderse que las deudas no deben ni pueden dejar de ser cobradas.

Lo grave de esta situación es que una vez más se demuestra la ineficiencia e ineficacia con que son manejadas las empresas públicas que, hay que reconocerlo, mantienen burocracias innecesarias y todos los aspectos de producción, rentabilidad y logro de bajos costos son simples utopías que las políticas partidistas se encargan de disimular o, en casos, lograr condonaciones que no corresponden.

Hay que lamentar que, al margen de las empresas anotadas, el gobierno ha suscrito compromisos con otras empresas estatales que deberían rendir cuentas de su administración y, si existen deudas, honrarlas en los plazos y condiciones establecidos porque es tiempo de que se actúe con eficiencia y sentido de producción que no sea carga para las arcas nacionales; que cada empresa rinda correctamente y no viva atenida a que el gobierno, mediante el Banco Central, pueda autorizar nuevos soportes financieros que, en casos, resultan serios quebrantos para el país.