Carmiña A. Moscoso Salvatierra
Desde 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable y saneamiento, por ser esenciales, aspecto que al parecer no se lo entendió y menos hubo una adecuada política de prevención por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Agua.
Desde octubre algunas poblaciones rurales y urbanas de Potosí, Sucre y Cochabamba dieron a conocer la falta de agua potable para el consumo humano. La desesperación por la falta de este líquido fue tal, que en Chuquisaca campesinos quechuas y sus hijos tuvieron que subir al cerro para pedir a Dios mediante oraciones que llueva y así evitar mayores tragedias al enfrentar una sequía que no se vivía en los últimos 25 años.
El hecho se registró en los medios de comunicación como alarmante, pero al parecer no lo fue para el Ministerio a cargo. Pero como toda consecuencia de un fenómeno natural se extiende, en el siguiente mes en la sede de gobierno cerca de 93 zonas fueron afectadas por el racionamiento de agua potable, determinado por Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (Epsas), entidad que a la fecha sólo otorga tres horas de agua potable en algunos casos; en otros, la población opto por bloquear para que por lo menos un cisterna con agua amarillenta pueda ser distribuirla, mientras el racionamiento se amplía a más zonas, incluida la ciudad de El Alto.
Tales consecuencias naturales demuestran improvisación, falta de planificación y política de prevención, por parte de las instancias responsables del suministro de agua potable. Se pretendió disimular esa improvisación con la destitución de autoridades de Epsas, pero no así del propio Ministerio, que debió atender a las poblaciones afectadas por la escasez de agua potable a nivel nacional y no esperar a que pobladores lleguen al extremo de rezar en los cerros.
En pasados días el gobierno aprobó el Decreto Supremo 2.987 que declara emergencia nacional por la sequía, medida que se convierte en un “paliativo”, pero no la solución adecuada que debió implicar la construcción de represas, como el proyecto Peñas en la ciudad de El Alto, demandado desde hace más de 10 años, la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas adecuadas y no como las existentes en Puchucollo, que contamina a una comunidad entera.
Por lo tanto, los esfuerzos a último momento, la extracción de aguas amarillas de las represas en Milluni y del Tuni Condoriri, destinadas al abastecimiento de agua a la ciudad de La Paz, continúan siendo parte de la improvisación de la que siempre se busca culpar a otras instancias o autoridades medias, actitud que se asume para no aceptar que se debió planificar.
Ahora solo queda que la ciudadanía modifique su conducta habitual y se logre una nueva lógica para el adecuado uso del agua potable y aprender a reciclar, valorizar el uso de este líquido elemento. Pero sobre todo las actuales autoridades, tanto de Gobierno central, departamentales y municipales, debieran crear unidades de análisis, prevención y planificación de fenómenos naturales que ocasionan millonarias pérdidas que impiden un adecuado desarrollo del país. Es que ayer fueron las inundaciones, hoy son las sequias, pero las improvisaciones son las de siempre, porque a este gobierno solo le queda rogar a San Pedro que llueva, ante la ausencia de una estrategia científica.
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